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YPF no podrá venderse sin la aprobación de las provincias y el Congreso

Frente a la serie de propuestas descabelladas que plantea La Libertad Avanza, el ex subsecretario de Hidrocarburos explicó qué pasaría en la industria energética si avanza una nueva ola de privatizaciones y qué obstáculos jurídicos tendría.

Después de los resultados electorales de las PASO, donde Javier Milei fue el candidato más votado, se debatieron varias propuestas del programa de La Libertad Avanza, a su vez la fuerza más elegida por las y los argentinos. Una de ellas fue la privatización de las empresas públicas, y puntualmente, de YPF. Sin embargo, especialistas coinciden en que no sería tan fácil como el candidato presidencial sostiene.

Juan José Carabajales, director de la consultora Paspartú, explicó en diálogo con el El Destape que “un gobierno no puede vender YPF de forma unilateral”, sino que necesita el aval de las provincias y de dos tercios del Congreso. Además, el también ex subsecretario de Hidrocarburos, respondió sobre qué pasaría en la industria energética si avanza una nueva ola de privatizaciones y qué obstáculos jurídicos tendría.

Hoy el Estado nacional tiene 37 empresas públicas, pero son más de 160 en las provincias. En el sector energético tenemos a YPF, líder en producción de hidrocarburos; Enarsa, 100% estatal y que importa gas; las represas en la Patagonia y la construcción de infraestructura como el Gasoducto Néstor Kirchner. Está Transener, con mayoría accionaria estatal, que se encarga del transporte de alta tensión. Cammesa, que administra el mercado eléctrico y la importación de gasoil para la generación eléctrica y compra de gas. Metrogas, que es propiedad de YPF. Están IMPSA, INVAP, ARSAT (y Nucleoeléctrica Argentina S.A. -NASA- en el sector nuclear y YCRT). Es un complejo de empresas de energía que interactúan. Esto le facilita al Poder Ejecutivo la implementación de políticas públicas en energía. De lo contrario, sería muy complicado articular con el mercado y tomar decisiones políticas. Este complejo de empresas permite decidir a dónde hay que ir, son una brújula para el sector energético”, explicó.

Qué implicaría una posible privatización de este complejo

Carabajales alertó que “si no hay un Estado que organice estas políticas y estas empresas, muchas actividades y servicios podrían dejar de prestarse“. “Con privatizaciones lo que vamos a tener es pérdida de derechos por parte de la población”, agregó.

Respecto a los obstáculos jurídicos que debería atravesar una eventual política de privatizaciones, el especialista sostuvo que las provincias deberían votar a favor o en contra de la política.

“Habría que ver si son Sociedades del Estado (SE), Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado provincial (SAPEM) o simples sociedades anónimas (SA). Por la Ley 27.181 (2015) se restringió la venta de las acciones del Estado en las SA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde se exige una mayoría especial de las dos terceras partes del Congreso (incluye distribuidoras de gas y electricidad, generadoras, productoras, empresas industriales, entre otras)”, explicó.

Y puntualizó que en caso de YPF, existe una sindicatura de acciones entre el Estado nacional y las provincias por 50 años donde deben votar en consonancia. “Un gobierno no puede vender YPF de forma unilateral, necesita el ok de las provincias y dos tercios del Congreso Nacional”, agregó. Esto implicaría una barrera muy grande si un gobierno quiere privatizar empresas públicas, vender su paquete accionario o disolverlas.

“Hay cuestiones menores que se pueden resolver por decreto, pero no incluye a definiciones estructurales o sistémicas de reestablecer el Estado subsidiario de los años 90”, aclaró.

Con información de El Destape

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