Osvaldo Jaldo avanza en la imputabilidad de menores en Tucumán

Luego de la viralización de un video de una pelea de estudiantes secundarios en San Miguel de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo avanzó un decreto en el que habilita una virtual baja de la imputabilidad. Organizaciones de derechos humanos salieron al cruce de la medida tomada por el gobernador aliado a Javier Milei, que habilitó además la detención de los menores que protagonicen una pelea e insta a las instituciones educativas que los expulsen.

En profundidad. “La policía tiene instrucciones directas del gobernador de detenerlos”, afirmó Jaldo en declaraciones a la prensa, ratificando que encarcelará a los menores y los pondrá en celdas con mayores. “Los vamos a detener igual y esos lugares van a ser comisarías, alcaldías y le vamos a habilitar algunos pabellones en (el Penal de) Villa Urquiza”, agregó.

En la última semana se viralizó un video de violenta pelea entre estudiantes de la Escuela Técnica y del Instituto Privado Tucumán. La batalla, que inició con insultos entre los participantes, incluyó golpes y patadas. Por momentos, la policía ni los adultos que presenciaron el hecho pudieron controlarlo. Pese a esto, no se reportaron heridos.

Frente a este panorama, Jaldo firmó el decreto 1290/1 del 2024, que remarca que “corresponde instar a la comunidad a propiciar entre los integrantes del núcleo familiar, conductas de respeto y compromiso con la ciudadanía y el resguardo del orden social” y que “es necesario involucrar a los agentes públicos a colaborar con la actividad del Estado para asegurar la correcta convivencia y el cumplimiento de los presupuestos mínimos de seguridad”.

Aquí el decreto de Osvaldo Jaldo.

Faculta a la Policía a aprehender a estudiantes involucrados en peleas callejeras. Además, obliga a las escuelas y colegios a expulsar a los adolescentes involucrados, sin la posibilidad de estudiar en otra institución por el plazo de 1 año. pic.twitter.com/WIZbhxny8f

— Franco Carletto (@francocarletto) May 9, 2024

El decreto instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán “a adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial”.

También le sugiere a los establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada, “adoptar las medidas disciplinarias de expulsión, pudiendo la Provincia de Tucumán, en caso de tratarse de instituciones que reciban subsidios y aportes del Estado, disponer la quita de los mismos”. La meta de la gobernación, es que los alumnos no puedan ser admitidos en ningún otro establecimiento durante este ciclo lectivo.

Por último, se instruye a los padres o tutores de tales alumnos “a involucrarse directamente en el asunto, pudiendo el Poder Ejecutivo adoptar sanciones disciplinarias en caso que resultaren agentes públicos provinciales, municipales y comunales; sin perjuicio de la responsabilidad civil que les corresponda”.

En simultáneo

Desde la entidad Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) definieron a las medidas de Jaldo como ilegales, regresivas y demagógicas.

Estos hechos dan cuenta de la necesidad de generar más espacios de participación para las adolescencias, donde se promueva la palabra, la escucha y el diálogo como herramientas fundamentales para la convivencia democrática.

— ANDHES Derechos Humanos (@ANDHES_org) May 9, 2024

“La intervención de las fuerzas de seguridad y la privación de libertad de los adolescentes en comisarías es ilegal y regresiva, pero además no va a brindar una solución a esta problemática, sino que va a exacerbar la violencia y exponer a los adolescentes a situaciones de riesgo para su integridad psicofísica, en un contexto de grave crisis carcelaria, en el que todas las comisarias y centros de detención se encuentran con sobrepoblación y condiciones indignas de alojamiento”, señalaron desde sus redes.

En sintonía, el experto en educación y exrector Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, hizo referencia a los dichos del gobernador de Tucumán y aseguró que no está bien asesorado en términos educativos. También dijo que es inconstitucional dejar a los estudiantes sin educación y que la escuela debe ser parte de la solución, en vez de estar exenta.

«El decreto viola la Constitución al sancionar a los estudiantes con la imposibilidad de acceder a cualquier otra escuela secundaria. Los jóvenes tienen claramente el derecho a recibir educación. Me parece que a Jaldo se le va la mano en lo que plantea porque deja a la escuela fuera del asunto al expulsar a los chicos. Es algo virulenta la medida», afirmó en diálogo con Cadena 3.