Denuncian que les tiraron gas pimienta, los golpearon y los desnudaron tras la detención

ó Matías Ramírez vendía choripanes y gaseosas el día de la movilización contra la Ley Bases con un amigo. Su parrilla estaba en el suelo, en la esquina de Entre Ríos e Yrigoyen, a metros del Congreso. Pasadas las 16.30, cuando se desató la represión, empezaron a juntar las cosas para llevarlas al auto, sin embargo cuando llegó al vehículo se convirtió en uno de los 33 detenidos que terminarían acusados por delitos contra el orden constitucional y el agravante de terrorismo.

Al día siguiente, después de que lo indagaran en el juzgado de María Servini, empezó una nueva pesadilla cuando lo trasladaron junto con otros al penal de Ezeiza, del Servicio Penitenciario Federal (SPF). “Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos? Ese tipo de cosas. Uno del grupo contestó que sólo peleaba contra la aprobación de la ley, y le metieron un cachetazo. A mí también. Después nos metieron en un pabellón con presos que ya llevan tiempo ahí”, relató Matías en diálogo con Página 12.

De esta manera, a la exagerada acusación del fiscal Carlos Stornelli contra los 33 detenidos la semana pasada, 16 de los cuales continúan en prisión, ahora se agregan los malos tratos sufridos durante los arrestos y en las cárceles federales. Según relatan, hubo quienes tirados en el suelo, recibieron patadas y los uniformados les presionaban la cabeza con sus borceguíes. Otros quedaron al borde de la asfixia y un joven se llegó a desmayar por la presión de los precintos con los que le amarraron las muñecas.

Además de la escena con gas pimienta dentro de la cárcel de Ezeiza, el tipo de interrogatorio que describe se repitió también para quienes fueron enviados al penal de Marcos Paz. Es llamativo que en dos cárceles los penitenciarios patoteen con las mismas preguntas. ¿Habrá sido con instrucción del Ministerio de Seguridad?.

“Hasta el chofer del camión que nos trasladaba nos interrogaba: ¿De qué organización sos? ¿En qué partido político estás?. En cada fichaje volvían con lo mismo”, sostiene Remigio Ocampo, el vendedor de empanadas que cayó preso junto con su hija y su nieta.

Según relata, lo mismo sucedió en el penal de Marcos Paz. “Ahí uno me encaró y me quiso asustar diciéndome: mirá que soy malo. Cuando nos estaban por soltar, nos gritaban que éramos unos tirapiedras. Yo le respondí que piense lo que se le cante. Cuando nos dejaron salir, nos quedamos en el medio de la nada. Por suerte habíamos podido avisar a nuestras familias”, recuerda. En esa cárcel no hubo golpes, pero sí violencia verbal.

La lista de delitos que imputó Stornelli es disparatada, sin haber exhibido pruebas concretas hasta el momento. “Incitación a la violencia colectiva, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso de la Nación que se encontraban sesionando”, se lee.

Agrega que se usaron “violentas vías de hecho” y que hubo “atentados a la autoridad poniendo manos sobre la misma, lesiones al personal preventor, daños simples y agravados, en incendios y estragos dolosos, en algunos casos en la tenencia y utilización de material explosivo y/o incendiario”. Es más, al final plantea un agravante por actos terroristas.

De la planilla donde figuran supuestas razones por las que hay quienes quedaron detenidos/as (tirar piedras, atacar una moto, filmar el operativo, saltar una valla y patear a un policía), que están obtenidas de las actas policiales, se advierte que, más allá de la dudosa credibilidad, nada de eso explica un atentado contra el orden constitucional o los delitos graves que pretende aplicar la fiscalía.

Familiares de los aún detenidos participaron de una conferencia de prensa ayer por la mañana, junto con diputados/as, organizaciones y organismos de derechos humanos. Allí convocaron a una concentración masiva en Plaza de Mayo a las 16.30. También anunciaron que se entregará un petitorio con más de 40.000 firmas de Madres, Abuelas y Organismos Internacionales. 

¡LIBERTAD A TODAS LAS PERSONAS DETENIDAS POR PROTESTAR!

Martes 18/6 a las 16.30 horas en Plaza de Mayo

Protestar es un derecho, no un delito pic.twitter.com/i7xnduCTUm

— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) June 17, 2024

En simultáneo, el Comité contra la Tortura había pedido informes tanto al Ministerio de Seguridad de la Nación como al de la Ciudad que informaran, un día antes, detalles sobre el operativo qué harían: responsables, efectivos, equipamiento autorizado, armamento. Ninguno de los dos respondió. El Comité monitorea también lo que ocurre en las cárceles y en unos días entregaría un informe.

Con información de Página12