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Milei deberá explicar cómo resguardará los archivos de la Conadi

El juez federal Ernesto Kreplak le dio 48 horas al Gobierno de la Nación para que explique cómo resguardará la documentación que estaba en poder de la Unidad Especial de Investigación (UEI).

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le dio 48 horas al gobierno de Javier Milei para que explique cómo resguardará la documentación que estaba en poder de la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y que fue disuelta el miércoles mediante un decreto.


En profundidad. La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de buscar a los bebés que fueron apropiados durante la dictadura. Creada en 1992, sus funciones fueron ratificadas por ley en 2001. Tres años después, Néstor Kirchner firmó el Decreto N°715 a través del cual se creaba una UEI, que le permitía a la Conadi conducir investigaciones y acceder a los archivos en poder del Estado.

Su disolución no fue una sorpresa. Desde el mes pasado se sabía que el gobierno de La Libertad Avanza preparaba un decreto para darle una estocada a la Conadi. A partir de una nota publicada por Página/12, la auxiliar fiscal Ana Oberlin le pidió a Kreplak que dictara una medida de no innovar para que no se perdieran los archivos que produjo o concentró la Conadi en estas décadas. Así lo hizo el juez el 8 de julio pasado.

Finalmente, Kreplak le dio 48 horas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Conadi para que informe qué organismo quedará en custodia del acervo documental de la UEI y cómo está cumpliendo con la medida cautelar que dictó hace un mes y medio.

Según informó Página12, Kreplak le encomendó a la delegación platense de la Policía Federal Argentina (PFA) cumplimentar con su resolución. La diligencia debería realizarse durante la jornada de este viernes.

El cierre del organismo

Mediante el decreto 727/2024, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 del expresidente Néstor Kirchner, mediante el cual se creaba la unidad especial.

El organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la Conadi. Se ocupaba de “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello”. Además, podía “efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.

Para poder cumplir con su objetivo, el organismo tenía el derecho a acceder, de forma directa, a todos los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Entre otras áreas, la Presidencia de la Nación,  la Jefatura de Gabinete de Ministros y Fuerzas Armadas.

“Todos los organismos dependientes del PEN darán carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la Unidad Especial de Investigación, a los efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado el presente decreto”, establecía la norma eliminada este miércoles por la gestión libertaria.

Según argumentaron, el motivo de la disolución es que se daba “acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”.

Además, afirman que trata de herramientas que “violentan” el “régimen constitucional” del país. Asimismo, indican que invade las competencias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos y afecta “la división de poderes”.

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