A tres años: ¿quién mandó a matar a Cristina?

¿Quién financió el atentado? ¿Quién alentó a los autores materiales? ¿Cómo sabía Gerardo Milman dos días antes lo que sucedería? ¿Qué explicación tiene la enorme cantidad de dinero que la familia Caputo le dio por extrañas tareas de carpintería a grupos violentos que agitaban el magnicidio? ¿Por qué se destruyó el celular de Fernando André Sabag Montiel en custodia del juzgado de María Eugenia Capuchetti? ¿Qué había en ese celular? preguntas que retumban y resuenan en tres años de impunidad

Por El Numeral 1 Sep, 2025

(Por: lacampora.org) Cuando el principal candidato de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, escupe su consigna “cárcel o bala” no está haciendo otra cosa que explicitar el programa político del poder económico para la Argentina. La vocifera contra cualquiera, pero su verdadero destinatario es Cristina Fernández de Kirchner. Cárcel o bala se traduce fácilmente en presa o muerta, o en aquel editorial de Clarín “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Hoy que se cumplen tres años del intento de asesinato contra Cristina, lo que reina es la impunidad.

Por fuera de la atención de los grandes medios, avanza en el Tribunal Oral Federal N°6 un juicio reducido que comenzó el 26 de junio de 2024, que sólo tuvo en el banquillo de los acusados a Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló; Brenda Uliarte, su novia y quien estaba con él al momento del atentado; y Nicolás Gabriel Carrizo, el presunto jefe del grupo. En resumen, un juicio que juzga solo lo que se vio en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado.

Las tapas de Clarín y La Nación y sus programaciones televisivas nos recuerdan minuto a minuto cada una de las causas judiciales con las que el poder pretende hace años castigar a Cristina -para disciplinar al peronismo y a la sociedad toda-, pero nada informan sobre la trama del atentado y el papel de los jueces y fiscales en la investigación y el encubrimiento del mismo. Una vez que el morbo perdió atractivo, la búsqueda periodística de la verdad brilla por su ausencia.

El papel de los medios en la propagación del “clima de odio generalizado” que Fernando Sabag Montiel, después de pedir que el fiscal Diego Luciani fuera su abogado, declaró haber sido el móvil de su acción criminal es a todas luces evidente, pero no despertó entre los principales partidos de la democracia un llamado a la responsabilidad que ayudara a reconstruir la convivencia social y política.

Pero no era solo Clarín. Apenas veinticuatro horas después del ataque, el entonces senador y actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó que: “[Cristina] quiere mandar en Argentina y encima está mal de la cabeza. Es una persona criminal. Una persona que por ejemplo tapó por años el involucramiento del gobierno de Irán de un asesinato en un centro judío. Y ella tapó eso y utilizó todas las armas que tenía de parte del gobierno para taparlo. Una persona que abiertamente se ha expresado en contra de los intereses de Estados Unidos repetidamente. Así que nada de lo que ella haga, criminal o malo, me sorprende”.

Al año siguiente, Ted Cruz, también senador yanqui, cuestionó a Biden por no condenar la corrupción de Cristina y escribió en X: “Es una cleptócrata convicta que ha sido acusada de obstruir investigaciones sobre el terrorismo iraní”. Ni que hablar de la payasesca decisión de la administración de Donald Trump, este año, de prohibir el ingreso de la compañera a Estados Unidos o, peor aún, de las declaraciones de su candidato para ocupar la embajada en Argentina, Peter Lamelas, afirmando que va a venir a nuestro país para asegurarse “de que CFK reciba la justicia que merece”. Cristina lo advirtió hace muchos años, en el marco de la disputa con los Fondos Buitres: “Saben que soy infranqueable para que vuelvan a endeudar al país o para que se caiga la reestructuración de la deuda o para que se haga cualquier cosa con los trabajadores” y pidió que si algo le pasaba, miremos hacia el Norte.

Desde entonces, corrieron en paralelo, pero hacia direcciones opuestas, dos procesos judiciales. Por un lado el de la «Causa Vialidad», donde sin pruebas y con miles de irregularidades y parcialidades se llegó a condenar a Cristina a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, bajo el argumento de que “no podía no saber”. Del otro lado, una investigación sin ruido mediático, que se fue quedando sin cobertura a medida que a la banda de los copitos se sumaban nombres de mayor peso como sospechosos de haber sido autores intelectuales y financieros del magnicidio.

Actualmente, la causa del juicio está en el momento de los alegatos. Hace apenas dos semanas, cuando Marcos Aldazábal, abogado de la querella -es decir abogado de Cristina– comenzó a hacer su exposición planteó la existencia de dos certezas incuestionables: la culpabilidad como coautores materiales de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel y la ausencia escandalosa de los autores intelectuales, producto directo de la voluntad absoluta de la jueza de instrucción María Eugenia Capuchetti de entorpecer la investigación y evitar seguir las evidentes pistas que llevarían a responder la pregunta de quién mandó a matar a Cristina.

Repasemos la actuación de Capuchetti. Todo empezó con la destrucción de la prueba más importante, el celular del asesino Fernando Sabag Montiel, mientras el aparato estaba en poder de su juzgado. La declaración de su custodia personal, encargada de trasladar el teléfono desde el juzgado hasta el lugar donde se realizaría el peritaje por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dejó de manifiesto que la jueza sabía que el teléfono había sido trasladado sin las medidas de seguridad correspondientes, prendido y en un sobre abierto. Además, el custodio manifestó no saber qué estaba trasladando. Capuchetti también se demoró en librar la orden de detención contra Brenda Uliarte, a pesar de que desde el inicio de la investigación era evidente su participación. De no haber sido por un secretario del juzgado, que logró detenerla en una estación de tren, Uliarte habría consumado su fuga exitosamente. Curiosamente, este secretario fue apartado de la causa por la jueza.

Además de la destrucción del teléfono de Sabag Montiel, pidió que en el informe sobre el peritaje al celular de Uliarte no se incluyera nada vinculado con Revolución Federal, las charlas con el influencer Eduardo «El Presto» Prestofelippo, ni respecto de sus conversaciones con Crónica TV, es decir: cualquier elemento con contenido político. A Gerardo Milman, diputado del riñón de Patricia Bullrich que fue escuchado diciendo “cuando la maten voy a estar camino a la costa” y había presentado proyectos en el Congreso de sospechosa relación con Cristina y su custodia, se le avisó con anticipación que le iban a secuestrar el celular y entregó uno que había salido a la venta después del intento de asesinato. Para colmo, la pericia a este celular la hace Gendarmería, sin participación de ninguna otra fuerza, a través de filtros de palabras como “Kristi” (así, con K). Aún así, se encontró un mensaje de una de sus asesoras donde le decía: “Si vos no nos arreglás la situación, contamos toda la verdad”.

Capuchetti, también demoró en pedir los teléfonos de las secretarias de Milman: una de ellas declaró que, antes de entregarlo, la habían llevado a las oficinas de Patricia Bullrich donde un perito informático vació durante cuatro horas cada uno de ellos. El perito, Jorge Adolfo Teodoro, fue designado por Bullrich como director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Seguridad. Hernán Carrol, referente libertario a quien Sabag Montiel había pedido públicamente que se hiciera cargo de su defensa, declaró tener dos celulares y eligió qué celular le podían secuestrar: había borrado todo el contenido y a la jueza no le pareció sospechosa esa actitud.

Tampoco se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes. Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente. Una de ellas es Revolución Federal, la organización de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Esa que proponía “cárcel o bala” para el kirchnerismo y que realizaba movilizaciones con antorchas y guillotinas con los nombres de dirigentes del Frente de Todos. Uliarte y Sabag Montiel participaron por lo menos de una de las movilizaciones que había convocado Revolución Federal. La semana del 22 de agosto, Morel realizó un vivo por Twitter Space en el que describió exactamente la mecánica para matar a Cristina que luego intentaría Sabag Montiel.

Las transferencias están probadas. Caputo Hermanos SA esgrime que fue para amueblar sesenta departamentos de un complejo en Neuquén. Morel explicó que aprendió carpintería por YouTube y puso un pequeño local en un garage de Boulogne, Provincia de Buenos Aires. Rossana Pía Caputo dijo que encontró la carpintería caminando por el barrio y le encomendó el trabajo. El gerente de compras de la empresa Caputo Hermanos explicó que él es quien hace décadas se encarga de comprar el equipamiento de los emprendimientos, que no sabe por qué en ese caso específico le dijeron que no se ocupe, que lo haría Rossana Caputo. Le llamó la atención ya que, si bien es de la familia, ella no trabajaba de eso en la empresa.

Que la familia del actual ministro de Economía, endeudador serial de la Argentina, esté sospechada de participar del atentado contra la vida de Cristina, debería ser un tema de enorme preocupación nacional. Que la mano derecha de Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad y candidata estrella del gobierno, tuviera información clave de lo que iba a suceder antes que sucediera, debería ser un escándalo del que nadie podría desentenderse. ¿Qué tuvieron que ver los actuales ministros de Milei en todo esto? ¿Es tan solo una casualidad que Milei y Bullrich se negaron a repudiar el atentado cuando sucedió?

En vez de investigar con la responsabilidad que requería un atentado inédito en la historia argentina, Comodoro Py eligió dividir la causa en mil pedazos, una práctica común para garantizar la impunidad de los poderosos, rompiendo los eslabones de la cadena y cortando por lo más delgado. Cuando aparecieron las primeras pruebas que vinculaban a pseudo-organizaciones políticas y su financiamiento, la jueza se negó a investigarlas en el marco del atentado y lo envió a otro juez y fiscal. Ambos se negaron, indicando que era imposible investigar esas responsabilidades fuera de la causa del atentado.

La jueza mantuvo su rechazo y la Cámara Federal—los famosos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, nombrados allí irregularmente por decreto de Mauricio Macri sin cumplir el mecanismo constitucional de designación de jueces indicado en la Constitución Nacional— le dieron razón y dividieron la causa. Luego, Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, volvieron a dividir la causa que tenían a su cargo, cuando decidieron elevar a juicio oral y público a los autores materiales (Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo) bajo el pretexto de que su responsabilidad ya estaba clara y que continuarían investigando todo lo que faltaba—ni más ni menos que Gerardo Milman, su entorno y otras pistas vinculadas a los posibles autores intelectuales. Estas divisiones conspiraron contra la búsqueda de la verdad de los hechos.

Contra toda jurisprudencia, la querella tuvo que apelar cinco veces a la Cámara para que se concedan medidas de prueba que la jueza había rechazado. En las cinco oportunidades, la Cámara dijo que la jueza estaba siendo gravemente arbitraria en perjuicio de la víctima.

En su alegato, Aldazábal manifestó de forma explícita el pedido que hacían como abogados de Cristina de absolver a Nicolás Carrizo, quien era presentado como “el jefe de los copitos”. Al no haber pruebas suficientes para probar su participación, correspondía exonerarlo de culpa. Esto fue un pedido expreso de la propia Cristina que le manifestó a sus representantes que no va a usar “el derecho penal para hacer política, yo no lo uso para vengarme de nadie, yo no soy igual a los que me persiguen. Si no hay que acusarlo, no lo acusen”. Este gesto señala nuestro verdadero afán: que se haga justicia.

Este año va a terminar el juicio oral por el atentado y una cosa es segura: vamos a seguir sin saber quién mandó a matar a Cristina. Así que continuaremos preguntando y denunciando que existe una trama del poder que sembró, alimentó, alentó y financió a quienes gatillaron. Una pregunta y una denuncia que son espejo de otra gemela: quién mandó a condenar a Cristina. La coincidencia de intereses entre uno y otro hecho se resume en el titular de Clarín. La bala no salió, pero el fallo sí. Si ante el primer hecho, fueron la mano de Néstor, Evita y Perón quienes mediaron para evitar lo impensado, ahora será la militancia y el pueblo organizado el que asuma esta nueva epopeya en la historia del peronismo que será liberar a Cristina para que vuelva a gobernar el amor y la igualdad en nuestro bendito país. Y será justicia.