Por los recursos excesivos, CABA puede destinar a seguridad un 61% más de presupuesto que la Provincia

A comienzos de 2016, se transfirieron aproximadamente 20.000 policías de la Policía Federal para que queden a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya disponía de 5.000 agentes agrupados en la Policía Metropolitana. La subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del ministerio de Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa, señaló que efectivamente se transfirieron «19.953 hombres y mujeres, de los cuales 1642 eran oficiales superiores o jefes, el resto era personal subalterno». Así nació la Policía de la Ciudad, que desde el 2017 cuenta con una plantilla de 25.000 agentes.

Este fue el motivo que el gobierno anterior arguyó para aumentar de 1,4% a 3,75% el porcentaje que recibe la CABA por Coparticipación. Como se dijo, en 2018 el porcentaje se redujo a través del Pacto Fiscal a 3,5%, por lo que ya desde el vamos el propio gobierno en su momento admitió que se transfirieron recursos por encima del gasto que implicó el traspaso de los 20.000 policías.

Como se vio, este traspaso implicó un incremento muy considerable en los gastos en seguridad de la Capital Federal. Los datos de los presupuestos del 2019 muestran que CABA gasta mensualmente un 60% más que la Provincia de Buenos Aires en gastos de seguridad por cada efectivo de seguridad. En CABA en 2019 se gastó $173.067 por mes por cada agente de seguridad, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el gasto mensual por cada policía fue de $107.796.

Observatorio de políticas públicas – UNDAV

Además, el traspaso implicó un aumento considerable de policías por habitantes bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad. La CABA pasó de controlar 164 policías cada 100.000 habitantes a 817 a partir del 2016, un incremento del 400%. Una cifra muy por encima de estándares recomendados internacionales como los de la ONU, que recomienda 300 fuerzas de seguridad cada 100.000 habitantes. Actualmente son 813 policías cada 100.000 habitantes.

En contraste, la provincia de Buenos Aires viene manteniendo hace más de 5 años aproximadamente la misma cantidad de fuerzas de seguridad (algo más de 90.000). Tiene alrededor de 513 policías cada 100.000 habitantes. Sin dudas, se observa la asimetría que hay entre la jurisdicción más rica del país y el resto, en este caso Buenos Aires. Que fundamentos tenía la administración anterior para incrementar de manera considerable la seguridad de la Ciudad, quitándole fondos coparticipables a la provincia, es algo que nunca pudo justificarse de modo alguno.

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A pesar de los recursos recibidos por la transferencia de parte de las fuerzas de seguridad federal, la ciudad de Buenos Aires en los últimos años ha reducido su gasto en áreas sensibles para cualquier comunidad. La partida más afectada fue la destinada a servicios económicos, que sufrió una baja en términos reales de 29,9%. Asimismo, el gasto destinado a salud se redujo en un 15% y el gasto en obra pública como vivienda y urbanismo, experimentó un descenso de 3,8%. A contramano, los gastos para la seguridad pública aumentaron (lógicamente) en un 251,9%. Del mismo modo, la partida destinada al área de deuda pública, a la par del estado nacional y de muchas provincias, incrementó considerablemente su endeudamiento entre 2015 y 2019 en un 411,3%.

Indudablemente, las razones actuales que esgrime el gobierno de la Ciudad para batallar por los recursos extra de la coparticipación son bastante endebles. Argumentar que la quita planteada por el gobierno (hoy calculada en 1,18%) obliga a CABA a ajustar presupuesto en sectores claves para la ciudadanía pierden peso a la hora de ver el propio ajuste que realizó el gobierno de la Ciudad en esas mismas áreas entre 2015 y 2019, cuando recibió una gran sumatoria anual por coparticipación.

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El ejecutivo nacional que asume en diciembre del 2019 reasigna mediante el decreto 735/2020 del 9 de septiembre del 2020 los recursos coparticipables enviados a CABA fijando el coeficiente tentativamente en 2,32% sobre el monto total recaudado según los gravámenes establecidos en la Ley 23.548 (una reducción del 1,18%) hasta la aprobación por parte del Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad que hasta el momento no fue realizada en forma correcta y justificado los costos reales de dcho traspaso. Luego de dicha aprobación, el coeficiente volvería a su original del 1,4%.

De igual modo, desde el oficialismo nacional se envío un proyecto de ley al Congreso Nacional, para modificar el esquema de financiamiento de la policía de la ciudad. La idea es que los recursos no pase por Ley de Coparticipación, y en cambio, sea transferidos desde Nación y se ajusten en base a un índice que este determinado en un 80% por el índice salarial de la Policía Federal y en un 20% por el IPC. Además el costo de los servicios transferidos rondaría los $ 24.500 millones.

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Fuente: Observatorio de Políticas Públicas UNDAV