Desalojo en Guernica

Desde el mes de julio que el predio de 100 hectáreas ubicado en Guernica se encontraba ocupado por familias de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Luego del operativo que comenzó el 15 de septiembre, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, informó que el 80% de las familias se retiraron “voluntariamente del predio al haber firmado el acta acuerdo”.

Esta mañana, y tras dos pedidos de prórroga de la provincia, finalmente se desalojó el predio. El mismo fue llevado adelante con un operativo de 4000 efectivos policiales comandados por el Secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Lejos de ser pacífico y voluntario, en el desalojo se produjeron hechos de represión y la detención de 35 personas. La policía bonaerense rodeó el predio y comenzó avanzar. Las familias ocupantes denuncian que la bonaerense fue quien quemó las casillas y como consecuencia las pocas pertenencias que tenían. 

El desalojo se da como cumplimiento a la orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo. La fecha límite que había dictado el magistrado era el 30 de octubre.

El accionar de la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires realizó un censo encabezado por Andrés Larroque donde fueron relevadas 1904 personas. Para esto se conformó un comité que se instaló en el territorio durante 40 días para encontrar una solución pacífica y voluntaria, ofreciendo distintas propuestas “a medida” para cada una de las familias.

Según informó el Estado provincial con 734 familias llegaron a un acuerdo por el que se retiraron del predio pacíficamente. Además y, de acuerdo a las necesidades recolectadas, “se establecieron distintas medidas de auxilio para las necesidades más urgentes. Algunos solicitaron materiales de construcción, a otros se los asistió con medicamentos, alimentos, productos de higiene, colchones y frazadas”, comunicaron. 

Asimismo, se establecieron tres paradores de forma transitoria para aquellas personas que no tuvieran donde ir hasta tanto se avanzara en las distintas propuestas habitacionales definitivas. A su vez, y en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, el gobierno provincial trabajaba en la generación de 3000 lotes con servicio. Todos en el distrito de Presidente Perón y con el fin de resolver el aspecto estructural del problema del hábitat.

Desde la provincia informaron que “después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial”. Días atrás, la ministra de Gobierno, Teresa García, aseguró que “para hacer política hay mucho tiempo, no hay que hacerla con la necesidad de la gente. Estas organizaciones políticas no tienen nada que ver con las personas que no saben dónde van a dormir esta noche. Los gritos no resuelven las cosas”.

Finalmente y por decisión del juez y a pedido del fiscal, se llevó a cabo la orden de desalojo.

El debate: derecho al acceso a la tierra y la vivienda

Durante estos meses la construcción de la opinión pública por parte de los medios establecidos se dedicó a instalar el tema desviándolo del derecho al acceso de la tierra y la vivienda. El eje se puso en la ocupación de la propiedad privada y se mezclaron con temas como el reclamo de tierras ancestrales de comunidades mapuches en Río Negro hasta con el más reciente del conflicto familiar por la herencia de la familia Etchevehere.

La toma de tierras se plantea como un problema entre quienes reclaman por su propiedad privada ociosa y ocupada por terceros y quienes reclaman poseer una porción de propiedad privada para vivir. Pero claro, éstos últimos son los más débiles, los que necesitan de la vigencia del Estado como plantea Álvaro García Linera para regular la vida social.

Lo que pasó esta mañana es digno de repudiar, nadie puede avalar la represión y el desalojo violento. Las familias que quedaban y fueron desalojadas hoy no tienen un lugar donde vivir. Ese problema no se solucionó con este desalojo. No pudieron concretar una solución que diera una respuesta definitiva y que complaciera a todas las partes. Todos los actores intervinientes fallaron. Las familias quedaron en el medio de disputas políticas. Finalmente no pudieron tener una solución definitiva a un derecho fundamental garantizado por la Constitución Nacional, como la vivienda.

Ojalá que todo este debate, histórico y estructural, comience a encontrar una salida con las políticas propuestas en el Plan Bonaerense de Suelo se concreten. Por las familias y por el cumplimiento del derecho a la vivienda y a un hábitat más sano y saludable.

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