En el 96% de los casos de trata hay agentes de seguridad implicados

En el 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas con el objetivo de concientizar sobre esta problemática tanto a la sociedad como a los gobiernos.

Este delito es considerado como una de las más graves violaciones de los derechos humanos porque las víctimas de trata son privadas de su libertad y derechos y son sometidas a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.

En el marco de este día, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apuntó a la corrupción de funcionarios públicos que contribuyen a las redes de trata por su connivencia política. La considera esclavitud del siglo XXI operan y perduran en el tiempo también por la responsabilidad de policías, agentes migratorios, inspectores municipales, entre otros.

«Esta situación puede darse en cualquiera de los eslabones de la cadena delictiva, ya sea en la captación, traslado, acogida y explotación así como en la cadena de justicia por encubrimiento o incluso obstrucción, y en las dependencias encargadas de la protección de víctimas y testigos», señalan desde PIA.

Este organismo trabaja sobre la corrupción facilitadora de la trata en el ámbito de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. En este punto, se desarrollan investigaciones en torno a la participación «de funcionarios públicos en hechos de trata y explotación de personas».

Asimismo, articulan trabajo con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para fortalecer las herramientas y estrategias para abordar este delito.

Por otra parte, PIA también se propone articular con instituciones para combatir la corrupción asociada a la trata tanto a nivel municipal, como provincial como el fin de detectar rápidamente casos de corrupción administrativa asociada a la trata y explotación de personas e intervenir en casos.

Estas acciones forman parte de un trabajo articulado que se realiza junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), para fortalecer con herramientas y estrategias conjuntas un abordaje amplio contra el delito de trata.

En el 96% de los casos, al menos un funcionario público está involucrado

Según detallaron desde PIA, a través del análisis de la jurisprudencia de la Casación Federal entre 2012 y 2021 en casos de trata de personas, en el 96% de los casos están involucrados agentes de las fuerzas de seguridad y agentes municipales. En el 93% participan en el eslabón de explotación.

Asimismo, en el informe señalaron que se observa una preeminencia de tareas de seguridad y protección de lugares de explotación sexual. A su vez, están implicados en el otorgamiento de licencias de habilitación y libretas sanitarias.

Por otra parte, también se comprobó que la ejecución de controles son deficientes o nulos. En este punto explican que son tanto de organismos municipales como fuerzas de seguridad.

Otra de las conductivas observadas son la falsificación de actas y documentación. Si bien es en menor medida, también ignoran deliberadamente medidas de clausura sobre locales de explotación o ponen de sobreaviso a tratantes de medidas investigativas.

Otro de los puntos que destaca el informe de la Procuraduría es la retribución económica por parte de funcionarios y cómo se ejecutan. Por un lado, por posible cohecho pasivo; y por otro, retribuciones que denominan como formar de ejercer la «sextorsión», es decir, usan el sexo en lugar de dinero.

Principales conductas según las Redes de Fiscales contra la Corrupción y la de Fiscales contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (RedTRAM)

En una declaración conjunta, precisaron que «la corrupción pública puede ocurrir desde cobros periódicos de dinero o favores sexuales, por funcionarios que omiten sus deberes de vigilancia o dan aviso de actuaciones investigativas o de inspección, hasta situaciones donde son los propios funcionarios quienes controlan el negocio ilícito o son miembros de la red”.

Si bien explican que pueden ser acciones individuales, señalan que estas actitudes van desde una violación de deberes hasta el crimen organizado.

Las principales conductas son pasividad, encubrimiento, obstaculización o connivencia de funcionarios (policías, jueces, fiscales, funcionarios municipales, etcétera); amenazas a víctimas y testigos; aviso a las redes de trata de operativos de intervención y otras actuaciones judiciales; inactividad judicial e impunidad; otorgamiento de licencias municipales para el funcionamiento de locales ilegales; falsedad documental (por ejemplo, en permisos de residencia para víctimas y documentos de identidad de menores); paso seguro a tratantes y sus víctimas en pasos migratorios; entrada de redes de prostitución a locales penitenciarios; y actas y testigos falsos en procesos judiciales.