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Ley Bases: quienes votaron, qué se aprobó y cómo sigue el tratamiento

La vicepresidenta desempató la votación y aprobó una ley de entrega de bienes comunes naturales y que ataca de lleno a los trabajadores. Uno por uno, los votos de los senadores que lo hicieron posible y cómo seguirá el tratamiento en Diputados.

Por ElNumeral

La Cámara de Senadores aprobó en general la Ley Bases, luego de que Victoria Villarruel desempatara luego de que obtenga un empate con 36 a favor y 36 en contra. De esta manera, el gobierno de Javier Milei busca ratificar su rumbo de desregulación de la economía, las facultades extraordinarias delegadas al ultraderechista, el perjuicio a la industria nacional, la vuelta al Impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En profundidad. La sanción en general del proyecto tuvo un breve discurso de cierre de la mano de la presidenta de la Cámara Alta, quien tuvo que dar su voto final para definir el resultado. Villarruel aprovechó la ocasión para bajar su propia línea y respaldar la represión policial ocurrida a las afueras del Congreso de la Nación. “Hoy vimos dos Argentinas: una que incendió un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor, que se respete la votación que en noviembre de 2023 eligió un cambio”, sostuvo.

“Por esos argentinos que sufren, que no quieren ver a sus hijos irse del país, mi voto es afirmativo”, agregó para luego continuar con la votación en particular, entre las que se aprobaron las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y las privatizaciones de varias empresas públicas.

Durante la jornada, el senador radical Martín Lousteau había anticipado que votaba en contra y presentó un dictamen propio. Otro que adelantó su decisión fue Maximiliano Abad, también una figura fuerte de la UCR, que había confirmado su visto bueno al proyecto, aunque lo había puesto en duda.

Qué bloques votaron a favor y en contra de la Ley Bases

La propuesta recibió el apoyo de los siete senadores de La Libertad Avanza, encabezados por el libertario Ezequiel Atauche, y los seis integrantes del PRO, bajo el mando del cordobés Luis Juez. Por su parte, la UCR, presidida por Eduardo Vischi, proveyó doce adhesiones, casi la totalidad de su composición, salvo por Lousteau.

Desde los bloques provinciales aportaron votos positivos la senadora de Justicia Social, Beatríz Abdala (aliada del PRO); los tres miembros de Unidad Federal, que incluyen a los peronistas disidentes Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alejandra Vigo (Córdoba) y los tres de Cambio Federal, con el salteño Juan Carlos Romero, y las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina.

También, los dos senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, compuesto por Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la senadora neuquina de Comunidad Neuquén, Lucila Crexell; y la senadora patagónica Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro.

Por la negativa votaron los 33 senadores del Interbloque del Frente de Todos, los dos de Por Santa Cruz: Natalia Gadano y José María Carambia, y el radical Martín Lousteau.

Con 36 positivos y 36 negativos, el desempate quedó en manos de Victoria Villarruel que inclinó la balanza a favor del oficialismo y logró la aprobación en general. Tras sortear esta instancia, la Cámara pudo abrir el texto a su análisis en particular para votar su contenido capítulo por capítulo, e introducir modificaciones.

Cuáles fueron las modificaciones acordadas

Al comienzo del debate, el miembro informante del oficialismo, Bartolomé Abdala (LLA), leyó las modificaciones acordadas con el objetivo de acercar posiciones con los senadores que aún estaban en duda y evitar la caída de la Ley Bases.

De este modo se decidió bajar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión del listado de privatizaciones y eliminar por completo el capítulo previsional, manteniendo así la moratoria para quienes no suman suficientes años de aportes.

Otro de los cambios incorporados apuntó a la prohibición de la facultad del Poder Ejecutivo de disolver organismos vinculados a la cultura y se incorporó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de las facultades de intervención.

A su vez se agregó el artículo 63 bis, de fuerte interés para los gobernadores, que evita la rescisión de los contratos de obras públicas que estén ejecutados en un 80% o más, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción.

Cuando ya iban más de 10 horas de sesión, Abdala anunció más reformas en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que fueron negociadas con la oposición dialoguistas con el objetivo de blindar el articulado. En ese sentido, informó que se acota este régimen de inversiones al sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.

Además, en respuesta al reclamo de las PYMES se incorporó un plan de desarrollo de proveedores locales que deberá tener un compromiso de contratación de proveedores locales de un mínimo de un 20% de inversión sobre el pago total de proveedores. Esto deberá mantenerse en la etapa de construcción y operación.

En resumen, la declaración de emergencia fue aprobada con 35 votos afirmativos, 35 en contra y un desempate efectuado con el voto de la presidenta del Senado, al igual que pasó con la reforma del estado y las facultades delegadas. El bloque de “promoción del empleo registrado” se aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra, junto con el quinto título: “Modernización laboral”. Además, con 37 positivos y 33 negativos, se aprobó el capítulo de Energía y con 38 positivos y 32 negativos el Senado sancionó el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), con pequeñas modificaciones para llegar a un acuerdo. Por último, se aprobó el capitulo fiscal, aunque sin el régimen de ganancias propuestos en un principio. 

Cómo sigue la votación del proyecto

A pesar de ser decisivo, el paso que da el Senado con la aprobación del proyecto de Ley Bases no será el último en el largo recorrido que lleva la iniciativa en el Congreso de la Nación. Las modificaciones introducidas por los senadores a la media sanción en Diputados obliga a que el texto retorne a la cámara de origen, aunque el trámite parlamentario podría prolongarse todavía más si el Presidente de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales, decide vetar algún artículo de las norma.

Si la Cámara de Diputados acepta las modificaciones incorporadas por el Senado, la ley queda sancionada y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Diputados puede, por el contrario, insistir en la redacción originaria. Para ello necesita la mayoría absoluta de sus miembros (mitad más uno de los presentes en el recinto). Lo que no puede es incorporar nuevas modificaciones. Si Diputados no reúne la mayoría absoluta para insistir en la redacción original que votó en mayo, queda sancionado el texto aprobado por el Senado.

Una vez que el Senado y la Cámara de Diputados sancionan un proyecto de ley, esta pasa al Poder Ejecutivo. El Presidente puede aprobar y promulgar la ley o vetarla.

Si Javier Milei aprueba y promulga la ley se completaría el proceso legislativo. Esto lo puede hacer por medio de un decreto o bien con una “promulgación de hecho”, ya que si el Presidente no se pronuncia pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma, se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.

En caso que decida vetar la ley, de forma total o parcial, a raíz de sus modificaciones, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos de los miembros presentes para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el Presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del Presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

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