El oficialismo y aliados buscarán desregular Papel Prensa

El gobierno nacional convocó sesiones extraordinarias en el Congreso, y uno de los temas a tratar será un proyecto de ley -que ya cuenta con dictamen para ser debatido en el recinto- que busca derogar varios de los artículos de una legislación que había declarado de interés público la fabricación y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

El diputado del PJ, Diego Bossio, hizo la presentación con el apoyo del oficialismo y parte del Frente Renovador, plasmado en las firmas de los macristas Nicolás Massot, Luciano Laspina, los diputados del Frente Renovador Marco Lavagna y Alejandro Grindetti, los radicales Mario Negri y Miguel Bazze, y el representante del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner.

La ley en cuestión es la N° 26.736, aprobada en 2011, que contiene varios artículos que los diputados firmantes tratarán de hacer caer para cumplir con los deseos de la empresa Papel Prensa. Entre ellos, se pretende derogar el artículo 20 con el objeto eliminar la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago (establecido por una formula específica definida en la ley), lo cual permitiría que las proveedoras de este insumo (Clarín y La Nación) puedan vender a un valor preferencial a ciertos medios, en perjuicio de otros medios de menor envergadura.

El artículo 40 de la reglamentación vigente, otro de los que se busca derogar, exige cumplimiento de la cláusula de acceso igualitario de todos los medios gráficos al insumo esencial, y obliga a Papel Prensa a “operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando ésta sea menor a la capacidad operativa), y presentar y ejecutar cada tres (3) años un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios”.

Finalmente, los otros puntos a derogar son los artículos 24, 25, 26 y 27, mediante los cuales se regula la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios, para asegurar el abastecimiento pleno del mercado local; y el 41, con el cual se buscará limitar el accionar público respecto del abastecimiento del insumo.

Representantes del bloque opositor mayoritario en la Cámara de Diputados manifestaron su disconformidad con la iniciativa y sostuvieron que derogar el precio único de venta del insumo puede habilitar la “censura indirecta”, en palabras de Marcos Cleri, y que “lo peor que se puede hacer con un monopolio es desregularle absolutamente el precio”, tal como graficó Axel Kicillof.

En la misma tónica, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores de la República Argentina (FADICCRA) cuestionó el proyecto de Bossio, a quien acusaron de pretender perjudicar a los diarios pequeños, y aseguró que «los grupos monopólicos» trabajan «para maximizar sus ganancias”, y rechazaron la excusa de los empleos en riesgo en la fábrica: «ninguna preocupación consta sobre los más de 5.000 puestos de trabajo que se han perdido en los medios de comunicación desde diciembre de 2015 a la fecha”.

Los editores gráficos nucleados en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DYPRA) también expresaron su “profunda consternación ante la intención de derogar artículos centrales de la Ley 26.736, que en 2011 declaró de utilidad pública la fabricación de pasta de celulosa para papel prensa”, y ratifican que “liberar el precio del papel asestaría otro durísimo golpe a los medios gráficos regionales, que podrían terminar pagando más caro el principal insumo de la actividad, afectando a las economías regionales, a las identidades de cientos de poblaciones del interior profundo de nuestra Argentina, y cercenando el derecho a la información de estas comunidades.