No es novedad que el excapitán del Ejercito y actual presidente de Brasil Jair Bolsonaro es un defensor del régimen militar y de la Ley de Amnistía de 1979 que protegió a los militares y civiles acusados de delitos de lesa humanidad. Aún así, sus declaraciones volvieron a ser objeto de polémica y de discusión.
Para el mandatario, los informes redactados sobre la dictadura militar que sufrió Brasil de 1964 a 1985, son «bla bla bla». Estos documentos fueron redactados por la Comisión de la Verdad, autora de un informe de más de 1.300 páginas donde documenta más de 443 desapariciones, incluye con nombre y apellido a 377 responsables de violaciones a los derechos humanos, y recoge el testimonio de sobrevivientes.
El pasado lunes mediante una transmisión en vivo por Facebook mientras se cortaba el pelo, Bolsonaro planteó que Fernando Santa Cruz Oliveira estudiante desaparecido en Río de Janeiro en febrero de 1974 y militante de la organización Acción Popular fue asesinado por sus propios compañeros y no por los militares.
Felipe Santa Cruz, hijo de Fernando Santa Cruz, y presidente del Colegio de Abogados declaró que Bolsonaro «volvió a demostrar rasgos de carácter grave en un gobernante: la crueldad y la falta de empatía».
Ayer el actual mandatario sumó a estas declaraciones, una nueva página. En medio de una rueda de prensa con un conjunto de periodistas, ante una pregunta acerca de sus declaraciones sobre Santa Cruz, respondió: «¿Usted se cree la Comisión de la Verdad? Fueron siete personas nominadas por Dilma».
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva envió una carta al hijo de Santa Cruz expresando su solidaridad con la familia ante las palabras de Bolsonaro. Sobre los dichos del presidente expresó «Brasil no merece oír las palabras de odio de quienes, por el cargo que ocupan, deberían referirse con respeto a los que sacrificaron su vida por la libertad en nuestro país. Al atacar a los más débiles y a aquellos que ya no pueden defenderse, este mal presidente revela su carácter cobarde»
A la carta de Lula, se le sumaron las declaraciones del Observatorio Judío de los Derechos Humanos de Brasil quienes afirmaron que las declaraciones de Bolsonaro fueron no solo una «completa burla y falta de respeto por la vida, sino que también caracteriza una amenaza a cualquiera que se oponga al Gobierno actual, defienda el estado democrático y la preservación de los derechos humanos.»