Este miércoles por la madrugada la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en segunda instancia el marco legal que le permitirá al gobierno llevar a cabo una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones.
El proyecto establece una edad mínima para el acceso a la jubilación, algo que hasta el momento no era requisito y que a de sancionarse sería de 65 años para los hombres y 61 años para las mujeres. A su vez, determina un aumento en las tasas y períodos de contribución para los empleados del sector privado y público.
La primera votación fue realizada el pasado 10 de julio y culminó con 379 votos a favor y 131 en contra. El sistema constitucional de Brasil plantea que se deben llevar a cabo 2 votaciones en cada una de las 2 cámaras donde se requiere de una mayoría especial. En esta segunda ocasión, el debate se extendió por más de 6 horas y finalizó con la votación cuyo resultados fueron: 370 votos positivos, 124 negativos y 1 abstención.
El cambio del sistema jubilatorio implica obligatoriamente una reforma constitucional para la cual se requiere de una mayoría especial de 3/5 de la Cámara de Diputados (equivalente a 308 diputados) y el mismo porcentaje en la Cámara Alta (equivalente a 49 de los 81 senadores).
El gobierno de Jair Bolsonaro argumentó que la reforma previsional es necesaria para reducir el gasto de un sistema de pensiones que consideran «quebrado», liberar recursos para inversión en áreas que consideran claves y acabar con un «déficit crónico» del sector púbico.
Este proyecto ha sido duramente criticado y rechazado por organizaciones sociales, sindicatos y partidos de oposición que se manifestaron en varios puntos del país durante la votación.
En el día de hoy se desarrollará una nueva sesión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, en donde se votarán 8 propuestas de modificación al texto aprobado en el día de ayer, 7 de las cuales fueron presentadas por los integrantes de la oposición. En sus declaraciones a los medios Maia aseguró que «no habrá sorpresas» y que cree que los 8 puntos específicos deberían ser rechazados por la mayoría de los diputados.
Ahora dependerá del Senado la aprobación del proyecto que constituye un duro golpe para el pueblo brasilero.