Un informe del Ministerio Público Fiscal develó que en 2018 se iniciaron en la provincia 4.872 procesos por violencia institucional.
De esas casi 5.000 causas, 2.833 fueron protagonizadas por la Policía Bonaerense y 1.506 por el Servicio Penitenciario.
La violencia institucional no solo se restringe a la conducta de gatillo fácil o tortura. Es mucho más amplia y puede abarcar a miembros del Poder Judicial y otros funcionarios públicos.
La violencia institucional se puede llevar adelante por acción u omisión, como puede ser un inspector de la salud pública que no garantice el derecho de un aborto no punible previsto por la ley.
Esa violencia intrapersonal se transforma en violencia institucional que implica la vulneración de derechos individuales o colectivos.
Según las cifras oficiales, en el primer semestre del año 2018 se iniciaron un total de 2.556 investigaciones penales por hechos de violencia institucional, mientras que en el segundo semestre el total fue de 2.316.
Los distritos con mayor conflicto son Lomas de Zamora con 535 casos, Bahía Blanca 477, Azul 418 y Quilmes 411. Por el contrario, las jurisdicciones con menos causas por violencia institucional son Necochea, con 77, Moreno, con 45 y Pergamino, con 28.
En calles y cárceles
Durante 2018, los lugares donde más habrían ocurrido casos de violencia institucional fueron las cárceles bonaerenses y la vía pública. Según el informe, 1.489 denunciaron haber sido víctima de estos hechos en Unidades Penitenciarias Bonaerenses, mientras 1.436 en la calle.
En una cifra menor, 840 personas denunciaron que fueron víctimas de violencia institucional en dependencias policiales.
Delitos recurrentes
Existe un gran abanico que puede darse en delitos en el marco de la violencia institucional. Los que restringen la libertad (3.229) son mayoria, seguidos por los que van en contra de la administración pública (1.903).
De los delitos contra la libertad, el 53,7% corresponden a severidades, vejaciones y apremios ilegales a presos.
En cuanto a la administración pública, el informe señala que el abuso de autoridad constituye el 70,6% del total.
Lo sigue el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que registró el 24,4%.
Las vías de comunicación principales por las cuales los fiscales toman conocimiento de la existencia de un hecho de violencia institucional son la denuncia de la propia víctima (2.214), seguido por la denuncia de un tercero (482) o la actuación de oficio de asuntos internos de la Policía Bonaerense (330).
En tanto, durante 2018, según el Informe, la Justicia inició 44 causas penales por muertes ocurridas en contexto de intervención de Fuerzas de Seguridad, en las que se registraron 48 personas fallecidas.