Esta nueva etapa del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tiene una impronta totalmente distinta a la que tuvo en los últimos cuatro años. Durante el gobierno de Mauricio Macri se podía ver un ENRE en donde las empresas tenían un aliado, una entidad que avalaba todos los atropellos hacia lxs usuarixs.
Con la asunción de Federico Basualdo como interventor en el organismo, las empresas dejaron de sentirse cómodas en las oficinas del ente. Ese lugar de contención y de soluciones es, ahora, para los ciudadanos de a pie.
Durante las últimas semanas se pudieron leer y escuchar numerosas denuncias de usuarixs a los cuales les llegaban montos irrisorios en su factura de luz. Todo esto en el marco del aislamiento social que vive nuestro país por estos días. Las empresas alegaron que dicha situación era producto de que los trabajadores que se desempeñan en las tareas de lectura de medidores no contaban con permisos por no ser tareas esenciales. Por ello, comenzaron a enviar boletas con montos estimados, los cuales no coincidían con la realidad. Usuarios residenciales e industrias sufrieron los atropellos por parte de Edesur y Edenor.
Medidas para la gente y no para las empresas.
El ente tomó cartas en el asunto e «instruyó a EDENOR S.A. y EDESUR S.A a que realicen la estimación del consumo de usuarios y usuarias residenciales utilizando el menor registro de consumo correspondiente al mismo período de estimación de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019)«.
Pero también se debía atacar la problemática del sector PyME e industrial. Para ello el organismo regulador autorizó a que se tome lectura real de los medidores a dichos comercios. Esto siempre y cuando los trabajadores y las empresas acaten los protocolos de salud vigentes por la pandemia. También dictaminó que «las PYMES e industrias que hayan recibido facturas con consumos estimados con diferencias respecto al consumo real, podrán impugnar la facturación ante la empresa distribuidora».
El tiempo de los tarifazos y las embestidas en pos de las ganancias de las empresas parece haber terminado. El contexto de la emergencia sanitaria no debe permitir abusos en los derechos de los consumidores y consumidoras.