La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó en la tarde del jueves de la firma de un contrato de leasing para la compra de un camión y contenedores que serán utilizados para mejorar el tratamiento de residuos en la ciudad.
Estuvieron presentes el presidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), José Ignacio de Mendiguren; y el secretario de municipios de la Nación, Avelino Zurro.
“Cuando asumimos nuestra gestión tomamos el compromiso de transformar a Quilmes en una ciudad limpia y sustentable. En este contexto, impulsamos el programa Quilmes Limpio. Y para llevarlo a cabo, es clave el incremento de la capacidad actual de recolección de residuos mediante la incorporación de camiones a la flota municipal y la mejora de las condiciones de trabajo del personal. Por eso, el objetivo de esta firma de convenio con el BICE es ampliar la flota de Servicios Públicos para mejorar la recolección de poda. Y también para mitigar los microbasurales urbanos en el marco de la emergencia ambiental y sanitaria”, aseguró Mayra.
La Jefa comunal agregó: “En esta línea, desarrollamos proyectos que permitan un tratamiento más adecuado de los residuos generados en el distrito a partir de la construcción del primer Complejo Socioambiental Eco Parque en Quilmes y la instalación descentralizada de EcoPuntos para la recepción de residuos reciclables separados en origen y llevados a los mismos por los vecinos y vecinas”.
El encuentro se realizó en las oficinas de la sede central del banco.
De Mendiguren señaló: “Lanzamos esta línea junto con el Ministerio del Interior para que los municipios puedan invertir en lo que mejor saben hacer: dar servicios de calidad a los vecinos. El programa Quilmes Limpio al que estamos apoyando con este crédito es un ejemplo de eso”.
La asistencia es otorgada mediante la herramienta de leasing que el BICE lanzó junto al Ministerio del Interior de la Nación. El objetivo es promover el desarrollo local, una propuesta que lleva aprobados $515 millones en 35 distritos. La línea tiene un monto máximo de $30 millones por municipio y un plazo máximo de hasta 60 meses. El destino puede ser todo tipo de bien de capital, con prioridad a los producidos en el territorio nacional.
