Casos de gatillo fácil, como fue el de Lucas Gonzalez, puso en agenda la discusión sobre el accionar de las fuerzas policiales, principalmente la impunidad y la violencia de la Policía de la Ciudad.
Varios informes demuestran que la Policía de la Ciudad asesina en la Provincia de Buenos Aires y, según un informe de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), entre el 2019 y el 2020 funcionarios policiales utilizaron su arma reglamentaría en 236 hechos.
Puntualmente, en el año 2020, 86 hechos sucedieron en PBA y tan solo 16 en CABA, lo que demuestra que el personal policial dispara fuera de servicio.
En diálogo con El Numeral, Matias Busso, nos explica a qué nos referimos cuando hablamos de violencia institucional.
¿Cómo surge la Asociación contra la Violencia Institucional?
La ACVI es la Asociación contra la Violencia Institucional, una asociación civil que surge en el año 2017. Muches de nosotres éramos principalmente abogades de casos de gatillo fácil. Algunes venían de la militancia contra la violencia institucional en distintas organizaciones. Otres habíamos cumplido inclusive roles en la función pública como el Ministerio de Seguridad, en el área de DDHH.
Surge con el objetivo de combatir o erradicar la violencia institucional. Por ella, entendemos cualquier tipo de violencia no sólo física, sino psíquica, psicológica y simbólica que ejercen funcionarios públicos contra las personas.
Sin embargo, la definición de violencia institucional es una categoría en disputa y en discusión. Lo que comúnmente conocemos como violencia institucional es la violencia ilegítima, si se quiere, que ejercen principalmente los efectivos de las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario o efectores de salud.
Por ejemplo, podemos hablar de torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, casos conocidos como gatillo fácil o ejecuciones extrajudiciales. Es decir, violencia que se ejerce en la vía pública mediante efectivos de fuerza de seguridad como también la violencia carcelaria.
Sin embargo es una categoría que está en disputa y puede ser autor de la violencia institucional cualquier efectivo o cualquier funcionario público que destrata o impide el acceso a la Justicia a alguna persona. Algo que sucede habitualmente en sectores históricamente discriminados o marginados, como por ejemplo personas disidentes o grupos migratorios.
En principio nosotros el tema que puntualmente abordamos es la violencia que ejercen los funcionarios policiales, de las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario.
¿Cuáles son los blancos de la violencia institucional?
Principalmente con AMMAR trabajamos mucho la situación de las mujeres trans y las trabajadores sexuales. Los trabajadores de la economía popular también son un blanco de la violencia institucional, además de los jóvenes de las barriadas populares, principalmente estigmatizados y estereotipados por la política y por los discursos de seguridad que establecen los medios.
¿Qué implican las detenciones arbitrarias?
Se trata de detener a una persona no por la sospecha de un delito o por una cuestión de prevención del delito, sino por su aspecto físico. Por un lado, lo vemos continuamente con las personas trans en el barrio de Constitución o en Flores. Por otro, lo vemos con los pibes de las barriadas populares cuando les piden el DNI por «averiguación de antecedentes» o detenciones por identificación.
En las detenciones arbitrarias también se observan prácticas de maltratos y de violencias en las comisarías, o en los lugares de encierro.
Asimismo, hay quienes llegan a ejercer practicas que algunos denominados represivas de alto impacto, como ejecuciones extrajudiciales (lo que se conoce comúnmente como gatillo fácil).
«Las fuerzas de seguridad no solamente asesinan a jóvenes sino que para encubrir ese delito los hacen desaparecer, muchas veces con complicidad del poder judicial»
MATIAS BUSSO – ACVI
Además, hay casos de desapariciones forzadas, que son los casos más extremos que encontramos de violencia institucional emparentado con las prácticas de la dictadura, donde las fuerzas de seguridad no solamente asesinan a jóvenes sino que para encubrir ese delito los hacen desaparecer. Muchas veces con complicidad del poder judicial.
¿Cómo accionar frente a una situación similar?
Es importante saber que solamente te pueden detener con una orden judicial o si sospechan algún delito. También, que tu detención siempre tiene que estar a disposición de un Juzgado o de una Fiscalía.
Si algún amigue es detenido, es importante comunicarse con la Defensoría y con la Comisaría. Hacer saber que hay alguien que busca y se preocupa por esa persona detenida es importante. Hace dar cuenta a la Fuerza de Seguridad que cualquier delito que cometa no va a quedar impune.
«Hacer saber que hay alguien que busca y se preocupa por esa persona detenida es importante. Hace dar cuenta (…) que cualquier delito que cometa no va a quedar impune»MATIAS BUSSO – ACVI
Nosotros llamamos muchas veces a una comisaría por una detención, como ACVI o como AMMAR, para que sepan las fuerzas policiales que esa persona no está sola.
De todos modos, si suceden algunos de los hechos hay oficinas específicas, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires donde se pueden denunciar estos casos para que no queden impunes y no se repitan.
¿Cómo ves el panorama en CABA?
En cuanto a la Policía de la Ciudad, lo que observamos es que es una Policía, que lejos de la promesa que fue la sanción de la Ley 5568, repite los patrones de la antigua Policía Federal.
Es una Policía con poca formación que está preparada y pensada para el proceso de gentrificación en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, apunta a la represión de los sectores populares. Lo vimos con el accionar frente a los vendedores ambulantes, manteros, lo vimos perseguimiento y deteniendo a las trabajadoras sexuales.
«Lejos de ser una Policía moderna o adaptada a la democracia, repite los paradigmas de la seguridad ciudadana que establecen las viejas prácticas dictatoriales»
MATIAS BUSSO – ACVI
Lejos de ser una Policía moderna o adaptada a la democracia, repite los paradigmas de la seguridad ciudadana que establecen las viejas prácticas dictatoriales. Además de estar al servicio de un proceso de gentrificación que estigmatiza y criminaliza a los sectores populares, a los pobres.
¿Qué necesitamos para frenar la violencia institucional?
En primer lugar, se necesitan reformas profundas, la mayoría de los casos de gatillo fácil ocurren cuando los policías están fuera de servicio. Hay muchos casos de violencia de género o de femicidios ocurridos por los efectivos de las fuerzas de seguridad. Lo que pedimos es la restricción o la prohibición del uso del arma de fuego fuera de servicio.
También creemos que necesitan un proceso de reentrenamiento y de formación mayor al que hoy tienen que es solamente nueve meses. Francamente no hay una necesidad de seguir ampliando la cantidad de funcionarios policiales, porque tenemos el número de policías por habitantes más grande del mundo, con cerca de 800 policías cada 100.000 habitantes cuando la ONU recomienda que el promedio deba ser 250 0 300. Tenemos un número que solamente lo supera por ejemplo, el Vaticano, y más en la ciudad de Buenos Aires donde ese número llega a 873.
Por ende, además de formar a la policía que tenemos, necesitamos que se reduzca el número de efectivos o en todo caso que no siga creciendo.
«Además de formar a la policía que tenemos, necesitamos que se reduzca el número de efectivos o en todo caso que no siga creciendo»
MATIAS BUSSO – ACVI
Cuando los discursos punitivos se instalan parece que la única respuesta a ese reclamo de seguridad, es seguir aumentando el número de efectivos, dándole armas a personas que carecen de una formación para hacerlo (si existe esa formación o si es posible esa formación).
La mejor política que se tiene que llevar a cabo, en este aspecto, es la de reducir la violencia. A nosotros no nos parece hablar de seguridad porque la seguridad representa a un discurso clasista, ponderando la propiedad privada por sobre la vida.
«Hay una fuerza que tendría que estar preparada para reducir la violencia y no para acrecentarla»
MATIAS BUSSO – ACVI
Lo que tenemos que hacer es ir a políticas que reduzcan las violencias, tanto del Estado, que se reflejan con estos usos abusivos de las fuerzas de seguridad, como las violencias sociales que se dan. Hay una fuerza que tendría que estar preparada para reducir la violencia y no para acrecentarla.