De manera reciente la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se sumó a las casas de estudio que implementan el cupo laboral travesti-trans. Esta incorporación se inscribe en el marco de la Ley Nº 27.636 “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, que establece un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para las poblaciones travestis, transexuales y transgéneros.
La normativa a nivel nacional fue aprobada en 2020. Durante estos dos años, la UNQ llevó adelante otras políticas de ampliación de derechos. Entre ellas, la aprobación del uso del lenguaje inclusivo y el reconocimiento de la identidad autopercibida, cursos destinados a la población travesti-trans de computación o de economía social y solidaria.
En dialogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, Patricia Sepúlveda, coordinadora del Programa Institucional de Género y Diversidad de la UNQ, afirma que lo más destacable de la incorporación de una persona trans a la Universidad es que ingresará directamente a planta laboral transitoria para luego pasar a la permanente, lo que significa el goce pleno de derechos.
Además, cuenta cómo fue el proceso de convocatoria. “El único requisito excluyente era estar inscripte en el Registro de Aspirantes de Travestis, Transexuales y Transgénero. Después había algunas cosas deseables pero nada excluyente”, señaló.
“A la hora de presentar la oferta laboral tuvimos que rever algunas cosas, como por ejemplo la redacción de la convocatoria. La voluntad de la UNQ en ser lo más inclusiva posible estaba, pero teníamos que cambiar el lenguaje para que sea no sexista ya que los documentos estaban escritos en masculino”, detalla Sepúlveda.
Una herramienta de transformación
Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, enfatizó ante la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ la importancia de que se implemente el cupo laboral travesti-trans.
“Aún existen procesos de discriminación y marginación a varias comunidades, entre ellas la LGTBIQ+ y en particular la comunidad travesti-trans”, dice. También afirmó que “la discriminación, que tiene que ver con los prejuicios, se da principalmente en el acceso al trabajo y a la hora de querer proyectar. No nos permiten desarrollar profesionalmente y es por eso que es tan importante que exista este cupo. A nivel nacional, solamente en el poder ejecutivo ya se puede visibilizar 574 personas trabajando”.
La Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, desde la perspectiva de Ponce, es “una herramienta de transformación social” que da respuesta a una comunidad históricamente excluida. “Además de su cumplimiento, les trans y travestis exigen el reconocimiento y la reparación por parte del Estado por tantos años de exclusión, persecución, desidia y muerte”, destaca.
Por otra parte, Ponce subraya la importancia de que se genere un vínculo entre las universidades públicas y las comunidades marginadas. “No solemos acceder a las universidades. Tengo ahora dos compañeras que están en pleno ingreso a una carrera, pero no es la realidad del colectivo travesti-trans. Por ejemplo, hasta el último cuatrimestre del año pasado yo era la única estudiante trans de toda la facultad de Derecho… Hace falta continuar con las políticas públicas y fortalecer los espacios que están dirigidos a las comunidades específicas”.
Luciana Mazzini Puga para Agencia de Noticias Científicas UNQ
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