A una semana de Ni Una Menos y con un femicidio cada 35 horas, Javier Milei decidió disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado reducido el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Tenía un rol clave a la hora de prevenir y asistir a víctimas y familiares.
Hace dos semanas, la Subsecretaría había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, absorbiendo algunas de sus funciones. Este jueves, se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien estaba al frente del organismo desde febrero. En el texto, alega que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp en la tarde del miércoles que la subsecretaría dejaría de existir.
A última hora, el Ministerio de Justicia confirmó la medida. Desde organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y diversidades denunciaron la gravedad de la medida.
“Los últimos meses trabajando ahí fueron muy hostiles. Desde las amenazas de bomba que recibieron las trabajadoras de la Línea 144, pasando por el nivel de violencia y agresividad que circulaba en las publicaciones de redes sociales del ministerio”, explica. Incluso, Juana Lo Duca, excoordinadora del equipo de comunicación, apunta al “manejo y destrato de las autoridades de la nueva gestión”.
En diálogo con El Numeral, explicó que tuvo que renunciar en marzo para preservar su salud mental. “Comenzó a circular entre pasillos que el nuevo gobierno tenía gente revisando las redes sociales de trabajadores y la recomendación de autocuidado era poner todo en privado. Fui una de las caras más visibles en TikTok, si no la única, para compartir que lo que hacía el ministerio tenía sentido e impactaba positivamente en la sociedad. No estaba dispuesta a negar ese laburo hecho, ni a trabajar ocultando una parte de mi identidad como comunicadora comprometida políticamente”, agrega.
“La situación en la actual Subsecretaría es desoladora e indignante. Desde diciembre que los trabajadores y trabajadoras venimos reclamando por los despidos de compañerxs y el vaciamiento no solo del organismo, sino también de las políticas. Desde el cambio de gestión vivimos una serie de situaciones de incertidumbre total”, señala.
Además, explica que en diciembre fueron los primeros despidos y “en marzo, cuando acababa de asumir la ahora exsubsecretaria, hubo una nueva ola de despidos”. Después, “hace unas semanas, cuando nos informaron del pase a Justicia”. “Entre todas las situaciones esta es la peor”, comparte otra trabajadora, a quien vamos a resguardar su identidad ya que continúa en el organismo.
“Si bien quedaron unos pocos directores que se hicieron cargo de contener a los equipos, Claudia Barcia nunca se presentó como autoridad ni a dar explicaciones. Muchos compañeros y compañeras habían quedado sin tareas por el desguace de las áreas, a muchos los aislaron explícitamente de sus tareas para dejarlos expuestos como “ñoquis”. En este contexto, se pretendía que cada uno vaya a trabajar como si nada estuviera pasando alrededor y, mientras tanto, los despidos seguían sucediendo”, agrega.
Según relata la trabajadora, de la planta original de cerca de 1.200 personas, hoy viernes quedan menos de la mitad. Y, con el pase a Justicia, se confirmó el despido del 80% de la planta.
“No sabemos concretamente si va a quedar alguien, ni cuántos. No hay comunicaciones oficiales más que el comunicado repleto de odio que publicó el Ministerio de Justicia celebrando que el presidente cumplió su promesa de campaña de cerrar el Ministerio”, comenta.
Se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer pic.twitter.com/5Byk5m8wLv
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 7, 2024
Más allá de como afecta la economía de cada uno de las y los trabajadores despedidos, el desmantelamiento del organismo implica una pérdida enorme en materia de derechos, igualdad y libertad.
“La disolución de este organismo es el resultado del odio que destilan en sus discursos cuando niegan un crimen de odio basado en la homofobia como el que se cobró la vida de tres lesbianas en Barracas. En un país donde una mujer es asesinada cada 35 horas, está de más aclarar que los riesgos son altísimos ante todo este avance contra el Estado. El propio presidente celebró ser quien rompe el Estado desde adentro y es literalmente eso lo que está haciendo con los derechos de todos pero, especialmente, retrocediendo en discusiones y deudas históricas que ya habían sido saldadas para mujeres y disidencias”, concluye.
El Gobierno está obligado a tener un área específica de protección integral contra la violencia de género
Desde 2009, el país está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Además, Argentina tiene obligaciones en materia de derecho nacional e internacional, por tratados a los que adhiere que tienen rango constitucional. Leyes como la de ESI, Aborto Legal, Matrimonio Igualitario, Identidad de Género o Ley Micaela, siguen vigentes, a pesar de que al mandatario no le simpaticen.
“En términos políticos, no lo veo como una derrota del feminismo, es una derrota para la sociedad en su conjunto. La desjerarquización de políticas hasta con Mauricio Macri y Carlos Menem tenían un ámbito de discusión y ejecución concreto al interior del Estado. No es una cuestión de izquierda o derecha, es un consenso básico que se construye a partir de un gran acuerdo social entorno al rol del Estado para la erradicación de las violencias y la construcción de sociedades más igualitarias”, resalta Juana.
“Sin el Programa Acompañar, un acompañamiento económico, legal y psicológico para personas en situación de violencia de género, dejas solas a un montón de víctimas. Uno de los principales problemas asociados tiene que ver con la falta de autonomía económica que padecen las mujeres que viven con sus agresores. Está bien, no querés darles asistencia porque te genera déficit, ¿qué alternativa proponés? ¿Que el mercado se solidarice y decida contratar a mujeres adultas, con horarios limitados para trabajar porque tienen hijos o personas a cargo? Sería genial, pero en la práctica no ocurre. De hecho, aún sin estar en situación de violencia, no tener hijos y contar con formación académica, nos contratan menos. Quieren tapar el sol con la mano”, agrega.
Paralelamente, el ministerio articulaba con las áreas de género locales y provinciales. Estos espacios de atención local en los municipios y departamentos son el primer espacio al que las mujeres y LGBTI se acercan para pedir ayuda. Si desfinancias a las provincias y no impulsas programas de apoyo social por fuera de la Tarjeta Alimentar, inevitablemente eso va a empeorar la calidad de las políticas de género”, concluye la excoordinadora.
Próximas acciones
Frente a esta situación de alarma e incertidumbre, los y las trabajadoras que quedan en el área se encuentran en estado de asamblea. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia. Sin embargo, no se descarta que un porcentaje mayor sea despedido, como parte del nuevo recorte de empleadxs públicos anunciado para la mitad del año. Ayer realizaron una radio abierta frente a una de las sedes de la Subsecretaría, en Paseo Colón 181. El próximo martes 11 de junio concentrarán en la Plaza de los dos Congresos. Será 15.30 en defensa del espacio y las políticas fundamentales para hacer frente a las violencias de género.