Según un informe de ElDiarioAR, con el apoyo de CAPIR, desde 2012, y al menos una vez por mes, una personas aparece ahorcada o muere por causas desconocidas en una dependencia policial del territorio bonarense. La Policía sostiene que se trata de suicidios y las familias de las víctimas denuncian homicidios encubiertos.
En profundidad. Marcos Portela tenía apenas 18 años, cuando “lo encontraron” con una soga improvisada de tela alrededor de su cuello suspendido, o eso fue lo que declaró el policía bonaerense Daniel Balmaceda de la comisaría N°8 de Moreno en la madrugada del lunes 5 de febrero. Así también lo vieron las tías de Marcos horas más tarde, tras llegar a la dependencia policial junto a la madre del joven, Ana Córdoba. La última vez que Ana había visto a su hijo fue el viernes a la noche, cuando Marcos salió a bailar a un boliche de Moreno con sus amigos. Dos días después, en la madrugada del lunes, el fiscal de turno que llegó al destacamento les permitió ver el cuerpo todavía en el aire.
-Su hijo se ahorcó, señora-, le dijo el funcionario judicial.
-A mi hijo lo mataron-, respondió Ana.
Eso fue lo que dijo aquella primera vez en la comisaría, pero Ana repetirá esa frase muchas veces, en marchas, en pintadas en el barrio y en su humilde casa de la localidad de José C. Paz. La única certeza sobre el caso es que la madre de Marcos defenderá hasta las últimas consecuencias que su hijo jamás se hubiese suicidado.
La hipótesis policial del supuesto suicidio de Marcos presenta supuestas irregularidades. Florencia Brandan, una mujer que estuvo detenida en una celda contigua a la de Marcos, liberada antes de la muerte del joven, denuncia que le vio marcas de golpes en el cuerpo. “Me dijo que lo habían rociado con un matafuegos”, señaló Florencia a elDiarioAR. Además, la joven, quien tampoco debió ser apresada en ese destacamento porque sólo es para masculinos, pone en duda la versión del suicidio. “No sé cómo hizo para llegar hasta el techo y hacer un nudo. Era complicado”, dice Florencia, quien también relató agresiones contra ella dentro de la dependencia, que por cierto no estaba habilitada para alojar detenidos.
Según el informe, desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la Provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías.
Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM), elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad, no estaban habilitadas para alojar detenidos.
Sólo entre 2022 y 2023 hubo 20 ahorcamientos de detenidos que fueron informados como suicidios por los mismos efectivos bonaerenses de esas dependencias, además de otros 8 supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas por las autoridades judiciales y policiales. Asimismo, de esas 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, comisarías que no estaban en condiciones legales de alojar personas.
Según el último registro de la CPM, en abril de este año había 659 personas detenidas en 99 estaciones policiales clausuradas.
El suicidio por ahorcamiento es la principal causa de muerte en las dependencias policiales, seguido por las descompensaciones médicas de los detenidos. Sin embargo, las investigaciones judiciales en torno a esos fallecimientos bajo custodia estatal demuestran, en muchos casos, irregularidades que ponen en duda la hipótesis policial del suicidio.
El informe señala, además, que las muertes bajo custodia estatal que la Justicia bonaerense investiga no respetan muchas veces los protocolos o procedimientos previstos para esos casos. Ese escenario, según explican peritos forenses y abogados de derechos humanos, favorece siempre a la versión policial y deja a los familiares de las víctimas a la deriva, cerrando el caso como un suicidio y sin aplicar ninguna responsabilidad por falta de cuidado en los oficiales de turno.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia no quieren hablar al respecto y sólo se limitan a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses, sin detallar causas, ni circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.
En 2022, hubo 1.610 procesos penales iniciados contra efectivos de esa fuerza. De ese total, 606 casos ocurrieron en comisarías.
Asimismo, el informe arroja la cantidad de muertes en contexto de encierro. Ese año hubo 200 fallecimientos en cárceles y comisarías. Doce detenidos de ese total, informó el MPF, murieron en comisarías bonaerenses, mientras que otros nueve lo hicieron en hospitales, tras derivarlos desde diferentes comisarías. Según la CPM, en 2022 hubo 13 ahorcamientos dentro de las estaciones policiales (la cifra más alta en los últimos diez años), además de otras 8 muertes por descompensaciones médicas o causas desconocidas. El número total de casos, tanto del organismo público como el de derechos humanos, coinciden en 21 muertes.
Los casos de ahorcamientos en comisarías bonaerenses relevados por ElDiarioAR coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte. Es decir, los únicos testigos eran los policías de turno que debían velar por la seguridad de un solo apresado.
Otra característica que comparten los fallecidos es el poco tiempo que permanecieron encerrados: entre algunas horas y dos días. Además, ninguno tenía antecedentes como paciente psiquiátrico o intentos de suicidio.
La justicia no ayuda. A pesar de que las muertes bajo custodia estatal desencadenaron 200 investigaciones penales, el MPF desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio.
Durante el primer semestre de 2023, el último informe del organismo público arrojó que hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro lo hicieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en ese primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas.
Entre las falencias judiciales en las investigaciones por ahorcamientos, según destacan los expertos, es sorprendente la “poca profundidad” con que se abordan. Hay casos que se investigan parcialmente, dejando un escenario propenso para la versión policial y se repiten patrones que conducen, muchas veces, a la impunidad de los policías imputados. Incluso las autopsias suelen ser muy deficitarias, faltan profesionales capacitados en el Ministerio Público Fiscal (MPF) para llevar adelante esos exámenes forenses con mayor rigurosidad y, como consecuencia, los resultados periciales terminan endebles.
El poco uso de la tecnología y la falta de recursos también impactan en las investigaciones. La rápida descomposición de los cuerpos hace también que todo se dificulte a la hora de pedir otras reautopsias o exámenes. Para los especialistas el MPF, muchas veces, tiene una inclinación “a no investigar cómo se debe”.
Fuente: ElDiarioAR - Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR).