La Justicia Popular creyó en los pibes

Seis mujeres y seis varones integraron el jurado popular que tuvo la responsabilidad de determinar la culpabilidad de un ex miembro de la policía que disparó criminalmente contra un grupo de chicos, a quienes atribuyó una conducta sospechosa, y automáticamente ejecutó una balacera que acabo con la vida de Rodrigo Correa, de 14 años.

El policía se llama Hugo Daniel Pos, tenía el rango de subteniente y cumplía tareas en el Grupo de Apoyo Departamental de la Policía Bonaerense en San Martín. Pos fue encontrado culpable de los delitos de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego y tentativa de homicidio agravada por el empleo de arma de fuego.

Según la ley que rige el jurado popular en la Provincia de Buenos Aires, el veredicto es vinculante. Por lo tanto, el juez del Tribunal Oral Federal N°3 de San Martin, Julio Cesar Di Gregorio, debe acatar lo dictaminado y conserva la potestad de fijar la pena para el condenado. La Fiscalía y la querella solicitaron una pena de 16 años de prisión por los delitos comprobados.

El 17 de julio de 2017, el ex subteniente estaba con su pareja de civil cuando se encontró con seis jóvenes entre los cuales estaba Rodrigo Correa, quien murió de un disparo en la nuca, junto a otros dos chicos resultaron heridos. A pesar de que Pos dijo lo contrario en su defensa, los jóvenes no estaban armados y no pudo probarse que hayan querido robarle -la causa paralela por intento de robo fue cerrada con sobreseimiento para los menores-. El policía, desafectado de la fuerza y preso desde que cometió el crimen, solamente los vio y disparó por lo menos 16 veces, en correspondencia con las vainas servidas del arma reglamentaria del asesino.

Pese a la manipulación constante de la defensa del condenado y, ante la falta de evidencia que permita pensar que hubo un acto de legitima defensa, el jurado popular les creyó a los pibes.