Luego de muchas advertencias por parte del gobierno, finalmente ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó el anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil, iniciativa prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión, como el más relevante de los puntos del escrito.
Garavano dijo que el anteproyecto viene “a saldar una asignatura pendiente”, ya que la actual legislación “es un decreto de la dictadura, de 1980, y luego de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas, en 1990, estamos incumpliendo la normativa internacional”.
El titular de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra; senadores y diputados nacionales, jueces, juristas y los miembros de la comisión que redactó el texto, entre otros invitados asistieron al acto realizado en la sede del ministerial, donde escucharon a Garavano decir que a los 15 años “se produce el click para participar en hechos de envergadura, como violaciones, homicidios, hechos con armas de fuego y otros”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo a los asistentes al acto que “con el Régimen Penal Juvenil buscamos que haya menos delincuentes y no más presos. Si los frenamos en el inicio de su carrera delictiva y les marcamos que frente a un delito hay consecuencias, podremos reducir la cantidad de víctimas, y así llevar más seguridad la sociedad”.
Afortunadamente, desde la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de UNICEF manifestaron su descuerdo y sus criticas al intento de profundizar la penalización de la juventud. Por medio de su representante María Angeles Misuraca, aseguran que “el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal”.
Misuraca agrego también que “Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A UNICEF le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad”.
Tras las reuniones que el técnico de UNICEF Argentina tuvo con Garavano para debatir la redacción del anteproyecto, surgieron tres puntos clave con los que el órgano de la Naciones Unidas baja su disconformidad:
-Baja de edad penal a 15 años viola el principio de no regresividad;
-La ausencia de topes para las penas de prisión para adolescentes de 16 y 17 años
-Otorgamiento de facultades discrecionales a los jueces para decidir la situación de no punibles.
La protesta
A las puertas del ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reunieron centenares de personas junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y trabajadores del área de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes de la Red Argentina No Baja para manifestar su repudio al anteproyecto.
El actual Regimen Penal de la Minoridad fue establecido por decreto ley N°22.278 en 1980, y con él paso a ser no punible todo menor que no haya cumplido 16 años. De convertirse el anteproyecto en ley, “un niño de 7 o 9 años queda a disposición del juez penal si entiende que lo puede someter a un tipo de medida que son de índole penal” sostiene la abogada Claudia Cesaroni en declaraciones a la prensa.
Además, agregó que “de no ser punibles los pibes y pibas de 15 años pasan a tener penas de hasta 15 años, y para la franja de 16 o 17 años queda la posibilidad abierta de que vengan penas de hasta 50 años”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostuvo en un comunicado que “la propuesta de bajar la edad de punibilidad desvía el eje del debate que nuestra sociedad necesita para hablar de la problemática de adolescentes y jóvenes, cuya participación en delitos gravísimos es además y, positivamente, una estadística de mínima proporción”.
Añade la APDH a su declaración de rechazo al anteproyecto que recurrir a la ley penal y al sistema penal se traduce en “una respuesta mediática y demagógica frente a una comunidad movilizada por la inseguridad”
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