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Pistolas Taser: una nueva herramienta para reprimir y torturar

El Gobierno Nacional aprobó el reglamento para la utilización de armas electrónicas no letales (Taser) por la parte de los miembros de las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Patricia Bullrich. La resolución 395/2019 fue publicada en el Boletín Oficial el día de hoy.

En los argumentos de la resolución se establece que la Ley Nacional de Armas y Explosivos “determina que las armas electrónicas que solo generen efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento están contempladas taxativamente en la Categoría de ‘Armas y Municiones de Empleo Civil”.

Y agregó: “La integración de armas electrónicas de empleo no mortal dejará abordar situaciones operacionales en las que resulte precisa la utilización de la fuerza sin la utilización de armas, siendo un medio intermedio para ejercer un empleo racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o bien amenazantes, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad federales una alternativa táctica auxiliar en remplazo de las armas”.

Desde el Ministerio de Seguridad habían adelantado que, en una primera etapa, las pistolas Taser se usarían en espacios en aeropuertos, estaciones de trenes y espacios cerrados donde hay alta concurrencia de gente, para “no tener que utilizar armas que puede producir daños colaterales”.

El reglamento que se adjuntó a la resolución no hace referencia a este aspecto, sino que señala que solo se van a poder utilizar “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, en los próximos casos:

  1. a) Para paralizar, proceder a la detención o bien para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o bien de auto lesionarse.
  2. b) Cuando deba ejercerse la lícita defensa propia o bien de terceras personas.
  3. c) Para impedir la comisión de un delito de acción pública.

La reglamentación establece tres tipos de situaciones de “riesgo inminente”: “Cuando existan conductas amenazantes que pongan en riesgo la integridad física del agente o bien de terceras personas, cuando se manifiesten conductas violentas que señalen la inminencia de un ataque al agente o bien a terceras personas, o bien cuando el número de los ofensores o bien la imprevisibilidad de la agresión esgrimida impida materialmente el debido cumplimiento del deber, o bien la capacidad para ejercer la defensa propia o bien de terceras personas”.

El procedimiento también aclara que, ante la necesidad de emplear estas armas, los oficiales van a deber identificarse como semejantes de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, “a menos que dicha acción pueda suponer un peligro de lesiones para otras personas, o bien cuando resultare ello obviamente inapropiado o bien inútil, dadas las circunstancias del caso”.

A través del texto, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se instruyó a las autoridades de la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería “a que procedan a la inmediata implementación de cursos de formación concreta” para el empleo de estas armas.

Las taser matan

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo se apoyó en los resultados logrados en los estudios médicos y técnicos efectuados en universidades como las de California (UCSD) y Winston-Salem de los USA, y por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, España, donde se concluye que “la utilización de las armas electrónicas no tiene efectos mortales sobre las personas”.

Sin embargo, se sabe por datos recogidos por Amnistía Internacional que las Taser mataron a 334 personas entre 2001 y 2008, y hoy se estima que la cifra se eleva por arriba de las 500 víctimas fatales solamente en Estados Unidos. El 89% de esas víctimas estaba desarmada, y uno o dos disparos fueron suficientes para provocar la muerte del 58% del total contabilizado.

La Agencia Reuters logró documentar al menos 150 muertes cuya autopsia señala que el uso de una taser fue el factor desencadenante del deceso, y denuncia que “muchos de los que mueren están entre los vulnerables de la sociedad, desarmados, en apuros psicológicos y buscando ayuda”.

Así mismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales remarca que “las taser solo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta ‘no letalidad’ habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”.

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