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Tucumán define su adhesión a la Ley Micaela

Es la única provincia del país que aún no adhirió a la normativa nacional. Con proyectos alternativos y presión de distintos sectores de la sociedad, se espera una adhesión sin modificaciones.

La Ley Micaela 27.499 es una normativa nacional que propone la capacitación obligatoria en materia de género y violencia hacía las mujeres. El objetivo es conscientizar a todos y todas las agentes que tengan un cargo público. Sin embargo, en Tucumán surgieron algunas diferencias diferencias.

La provincia es la única del país que no adhirió a la ley nacional. Además, es la única que se declaró en una Legislatura como «provincia ProVida». 

Esperan que la adhesión a la Ley Micaela sea sin modificación, aunque se presentaron dos proyectos con modificaciones provinciales. Una, avalada por el oficialismo y otra, con un sesgo anti derechos, presentada por el bussismo.

El proyecto del oficialismo, también llamado «del consenso», tiene aval del peronismo. Regino Amado presentó un proyecto que incluía el concepto de «objeción de conciencia», omitiendo la obligatoriedad de las capacitaciones.

Del otro lado, bajo las alas del hijo del dictador Antonio Bussi, Ricardo Bussi, buscan presentar una propuesta «libre de ideologías». Curiosamente, acusan al proyecto original por «adoctrinamiento ideológico por sobre la real protección a las mujeres». Recientemente, Bussi acusó al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como la «Gestapo ideológica».

En 2018, el vicegobernador Osvaldo Jaldo aseguró: «no vamos a sancionar, ni vamos a adherir a ninguna ley nacional que tenga que ver con ideología de género».

Adhesión sin modificaciones

Frente a la obstinación de oficialistas y opositores, la consigna tomó fuerza en los medios nacionales y redes sociales. Elizabeth Goméz Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, advirtió con preocupación la situación de la provincia. «Cuando se trata de la vida de las mujeres y diversidades no hay opciones ni términos medios», aseguró.

Organizaciones sociales y feministas, legisladores y legisladoras y familiares de Micaela exigen la implementación de la ley sin modificaciones.

Tras la presión social  el gobernador quitó su firma del proyecto «del consenso» para adherir a la propuesta sin modificaciones aunque, para variar, en el artículo 2 establece que quienes apliquen y controlen la normativa sean las cabezas de cada poder. ¿Qué significa? Elimina la autoridad del del Ministerio de Mujeres y permite que cualquier persona sin ningún tipo de formación pueda capacitar con «perspectiva de género». 

Frente a «la heroica resistencia contra la Ley Micaela», hay un gran sector de la sociedad pujando contra los derechos de las mujeres y diversidades. Bajo pretextos y amenazas, los antiderechos buscan establecerse en la agenda política de una provincia que tiene uno de los índices más altos de femicidio. Un Tucumán que criminaliza y revictimiza.

A la espera de una ley sin modificaciones, las organizaciones celestes ya presionan contra un posible proyecto para legalizar el aborto. Advierten que de ser así, saldrán a la calle, sin importante el contexto de pandemia y aislamiento obligatorio.

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