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Santiago del Estero: una médica mintió para negarle la ILE a una nena de 12 años

El personal negó información y mintió sobre las semanas de gestación para que la nena no pueda acceder a una interrupción legal del embarazo.

Ocurrió en Villa Griselda, La Banda. María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) Nº 3 de Villa Griselda mintió con las semanas de gestación para que, inevitablemente, la niña continúe con el embarazo.

El 2 de abril la niña fue junto a su madre al UPA Nº 3 con dolores abdominales. Después de varios obstáculos del propio sistema de salud, consiguió que le realicen una ecografía en Misky Mayu. Es estudio dio como resultado un embarazo de 20 semanas.

Volvieron al UPA Nº 3. La coordinadora del lugar, María de los Ángeles Pereyra, demoró 3 semanas en brindar la información sobre el embarazo. Cuando finalmente lo hizo, el 28 de abril, la médica informó que tenía 26 semanas de gestación. También agregó que el embarazo fue producto de una relación consentida y no de una violación.

La cartera sanitaria de Santiago del Estero, tras recibir el documento, asumió que la niña ya se encontraba en su 30 semana de gestación, lo que impedía el acceso a una interrupción legal del embarazo.

El caso llegó a representantes de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes decidieron derivar a la niña al Centro Integral de La Banda. En el lugar se constató que, en realidad, la niña llevaba 24 semanas de embarazo. La ILE ya no era imposible. Sin embargo, las autoridades provinciales tampoco respondieron.

Referentes de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia advierten que la niña nunca recibió información sobre derechos sexuales y reproductivos. No se consideró la Convención sobre los Derechos del Niño, ni el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tampoco se aplicó el protocolo existente en Argentina desde 1921.

Finalmente, el caso de la niña fue elevado al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que aconsejó denunciar todas las irregularidades a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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