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Caso Arcoíris | Alerta por el allanamiento a una periodista

La Red de Comunicadoras de La Rioja aseguró que se trata de un "grave accionar de la Justicia en contra la libertad de expresión y de prensa" para impedir que se refiera al caso Arcoíris.

Este domingo allanaron a Manuela Calvo, una periodista de La Rioja y le secuestraron todos sus elementos de trabajo para «impedir que se refiera al caso Arcoíris». Se trata del caso de una niña de seis años abusada sexualmente por su abuelo paterno y a quien la Justicia quiere revincular con la familia de su abusador.

La orden de allanamiento la emitió la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N°1 de La Rioja. La carátula advierte “desobediencia a la autoridad”.

Al proceso se incluyó el secuestro de “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada”. Asimismo, “todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”.

En un comunicado, la Red de Comunicadoras de La Rioja denunció el avasallamiento a la libertad de expresión y detalló una intimación de hace dos meses.

“La comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados, indican en el comunicado.

Además, advierten que la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático”. Un caso que “hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias”.

«Allanaron mi domicilio, se llevaron mis herramientas de trabajo y las de mi marido y no me dejaron ni un papel de comprobante de lo que se llevaron»

Escribió Manuela Calvo en su cuenta de Twitter

También cuestionan la “premura de la justicia de La Rioja para actuar y ordenar un allanamiento (un domingo por la mañana) en la casa de una comunicadora que viene reflejando el caso al igual que muchas otras en la provincia”.

Además, la Red exigió “la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas”.

Aparte de la intervención de las autoridades, exigieron el regreso de las herramientas de trabajo.

Por último, solicitan “el cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias”.

Por su parte, Calvo escribió en su cuenta de Twitter un pequeño hilo contando lo que está viviendo junto a su marido. «No me dejaron ni un papel de comprobante de lo que se llevaron», indicó. «No sé ni por qué dieron esa orden, solo sé que está vinculado con un corto de dibujos animados de ficción que padeció censura previa», agregó.

 

Sobre el documental en el que trabajó durante diez meses. «No publique el corto de ficción censurado, borre como 20 publicaciones de redes sociales que tenían alguna referencia del caso y no volví a compartir ni una noticia de terceros del caso», expresó.

«Aún así la orden dice desobediencia a la autoridad. No vinieron a buscar una niña como miente quien lucra por defender pedófilos. Se llevaron mis herramientas de trabajo sin darme un acta o alguna constancia de que se llevaron», concluyó.

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