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El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial el decreto que oficializa la convocatoria entre "el 23 de enero y el 28 de febrero". Se incluirá el juicio político a la Corte Suprema.

Este viernes se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el «23 de enero y el 28 de febrero». El anuncio ya lo había realizado la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

A través del Decreto 17/2023, el Poder Ejecutivo confirmó la inclusión para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En esa línea, también envió otras iniciativas como reformas al sistema judicial, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la designación de un Procurador General de la Nación y la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura.

En total, se van a tratar 27 proyectos de ley. Además de los vinculados a la justicia, se espera tratar la creación de universidades públicas, régimen previsional, promoción científica y tecnológica, entre otras.

En detalle

Sobre la Ley que modifica el Consejo de la Magistratura, el decreto que llama a sesiones extraordinarias detalla que la Corte «exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de 120 días, el mismo debía integrarse y funcionar confirme una ley fenecida». Advierte que el plazo está vencido y es necesario que el Congreso trate el proyecto.

Sobre el proceso de remoción de los supremos, advierte dos cuestiones. Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte. Por el otro, el análisis de la medida cautelar que restituyó los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires.

En los considerandos se precisa que «se incorporan iniciativas que tienen como objetivo mejorar el sistema de salud». Además, incluye «el cuidado del ambiente, prevención y represión del lavado de activos, promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial».

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