Es Tuyo, del Barrio, de Todes

Caputo fue autorizado a tomar US$400 millones de deuda para financiar la Tarjeta Alimentar

El préstamo tendrá un plazo de 15 años y la tasa de interés será de poco más del 7% anual en dólares, pero puede variar.

El presidente Javier Milei finalmente autorizó al ministro de Economía, Luis Caputo, a tomar deuda por 400 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina para financiar el programa Alimentar, que estará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Así fue publicado en el Boletín Oficial, junto con el contrato que Caputo firmará en nombre del país.


En profundidad. El programa Alimentar está destinado a madres o padres con hijos de hasta 14 años inclusive que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas que cobran la asignación por embazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con siete hijos o más que reciben pensiones no contributivas. En mayo los montos de la Tarjeta serán de $48.125 para las que perciben la Asignación por Embarazo y familias con un hijo, $75.468 para familias con dos hijos y de $99.531 para familias con tres o más hijos.

Según informaron oficialmente, el préstamo tendrá un plazo de 15 años, aunque durante los primeros tres la Argentina contará con un “período de gracia” por el cual no deberá abonar intereses ni amortizaciones. El interés que afrontará la Argentina estará un poco por encima del 7% en dólares.

Además de los intereses, deberá abonar la devolución del monto total en 25 cuotas semestrales a partir del mes número 36 (tercer año) desde la firma del convenio. El contrato sugiere que los montos de las cuotas sean “en lo posible iguales” para que no haya un desfasaje entre ellas.

El contrato subraya la obligación de “utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para los fines previstos” en el contrato y alerta “no utilizar directamente ni por conducto del organismo ejecutor los recursos del préstamo en actividades relacionadas, directa o indirectamente, con lavado de activos, ni con el financiamiento del terrorismo, ni por personas naturales y/o jurídicas relacionadas a las mismas, ni en relación con prácticas prohibidas”.

En ese sentido, el contrato estipula la prohibición de que el Gobierno utilice los recursos para “actividades políticas, especulación; juegos de azar y casinos; operaciones relacionadas con la industria bélica; producción o comercialización de sustancias o especies contaminantes”, entre otras.

Los comentarios están cerrados.