María Eugenia Vidal en la mira por la campaña del 2017
La Cámara Electoral confirmó el fallo de Ramos Padilla. El Juez había desaprobado los informes sobre los gastos utilizados por Cambiemos en las PASO bonaerenses del 2017. La causa se conoce como “aportantes truchos”.
La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez Alejo Ramos Padilla que había reprobado la rendición de cuentas sobre gastos de campaña hechos por Cambiemos en el año 2017. De esta manera se complica aún más la causa conocida como “aportantes truchos”, que se conoció en 2018. En ese momento María Eugenia Vidal, además de ser gobernadora era la presidenta del PRO a nivel bonaerense.
Todo comenzó después de una investigación del periodista Juan Amorin y una denuncia judicial de Teresa García. Allí quedó en evidencia que Cambiemos utilizó presuntos aportantes que no estaban en condiciones económicas de entregar las sumas que figuraban en los registros.
Según la denuncia otros “aportantes” ni siquiera aportaron y sus nombres fueron utilizados sin permiso. Tal es así que Juan Amorin detectó 800 identidades coincidentes con beneficiarios de planes de ANSES.
La Cámara Electoral confirmó que hubo aportantes truchos en la campaña de 2017. Tomaron gente del padrón de Anses, les falsificaron las firmas y así ocultaron a los verdaderos financistas. La causa penal quedó en nada, porque Comodoro Pro se encargó de que garantizar la impunidad pic.twitter.com/09w5cKTfwg
— Marcelo Puella (@puellaok) April 26, 2023
Otra clave fueron las actividades de la entonces tesorera del PRO, María Fernanda Inza, responsable de los aportes de campaña. Vidal la promovió, además, como contadora general de la Provincia, un cargo clave de asesoramiento y control interno. Inza duró solo una semana en el puesto.
En la primera parte del trámite Ramos Padilla investigó los hechos y se limitó a lo único que le correspondía: no determinar si existía un delito sino analizar si Cambiemos había logrado “acreditar, en forma transparente, el origen y destino de los fondos que le fueron asignados, así como del dinero que le fue brindado mediante aportes de privados”.
Ramos Padilla concluyó que la rendición tenía irregularidades y elevó el expediente a la Cámara Nacional Electoral, que dio por válidos sus reparos y ahora le devuelve los papeles para que investigue la posible comisión de delitos penales.
En su momento el juez desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la alianza Cambiemos Buenos Aires para la elección primaria del 13 de agosto de 2017, correspondientes a las categorías de diputados nacionales y senadores nacionales. También dispuso sancionar a los partidos de Cambiemos con multas.
Multas
El PRO debía pagar $ 3.246.965,53. La UCR, $ 990.599,65. La Coalición Cívica, $ 990.599,65. También había multas menores para el Partido Demócrata Progresista, el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata, la Unión del Centro Democrático, el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, el Partido Fe, el Partido del Diálogo y el Movimiento Social por la República.
La desaprobación de la rendición de Cambiemos por parte de Ramos Padilla se debió a “las numerosas irregularidades vinculadas a los aportantes privados”.
El caso de los aportantes truchos
El caso se conoció por una nota difundida en 2018. Allí se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña de Vidal. Esas personas, que llegaron a ser miles figuraban como afiliados al PRO. Que a su vez, habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña no coincidía con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos con el Registro Nacional de Electores, los DNI no se correspondían.
Además, se realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales.
También se detectó que 40 aportantes podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia.
Por último, se detectaron 209 personas que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses.
Precisamente en el expediente se graficó que había aportantes que donaron $20.000 pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales). Asimismo, otros aportaron $17.000 y cobraban la Asignación Universal por Hijo.
[…] embargo, en 2016 esa hegemonía política comenzó a tambalear. María Eugenia Vidal y Sergio Massa aprobaron un proyecto que prohibía ocupar el cargo en más de dos mandatos […]