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Diputados declaró “servicio esencial“ a la educación y los gremios denuncian un ataque al derecho a huelga

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, pretende garantizar los 180 días de clases en instituciones públicas al cercenar el derecho a huelga y avanzar en la persecución contra los gremios. Cómo será el "servicio de guardias" que deberá montar cada escuela.

Los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados en el Congreso de la Nación dieron media sanción al proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”. La medida tiene el objetivo de cercenar el derecho a huelga y avanzar en la persecución contra los gremios.

Quienes votaron a favor del proyecto fueron los diputados de LLA, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre. Hubo 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.

Durante la misma jornada, los docentes se movilizaron al Congreso para continuar con los reclamos contra las políticas de desfinanciamiento del gobierno.

En profundidad. La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar y pretende garantizar los 180 días de clases en instituciones públicas.

Los argumentos de quienes defendieron el proyecto fueron dos: que los estudiantes no pierdan días de clases, y que se garantice la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los gremios aseguran que el fin es otro, ya que el mismo texto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30 por ciento de docentes y no docentes.

También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50 por ciento de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles.

De la misma manera, fija que al comenzar las clases, cada colegio deberá informar a las autoridades el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases. Además, pone en obligatoriedad al Gobierno de la Nación y al de cada provincia para garantizar las clases afectadas por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente.

La sesión tuvo momentos de absoluta tensión, ya que los argumentos de quienes defendieron la iniciativa fueron de lo más disparatados y estigmatizantes hacia los gremios. Alejandro Finocchiaro, el exministro de Educación de Mauricio Macri, habló de “encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”, cuando lo que hace la iniciativa es desequilibrar esa balanza.

Sin embargo, Héctor Stefani del PRO consideró que hay derechos que valen más que otros. “El derecho preferente en la Argentina es la educación de nuestros hijos” y prevalece sobre los derechos sindicales, dijo.

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro también insistió que “hay dos derechos en pugna”, pero destacó que hay “un derecho superior, que es el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes”. En la misma línea, la radical Carla Carrizo intentó “despolitizar” el debate. “Esta no es una ley en contra de nadie”, aseguró. “No estamos castigando el derecho a huelga” sino “invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela», se escuchó en su intervención. 

Desde la oposición, la diputada de UP Blanca Osuna denunció que el proyecto lo único que busca “es regular el derecho de huelga”. Además, sostuvo que el verdadero problema “es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud” del país.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi se comprometió a “defender la docencia, el derecho a la protesta”, y se diferenció de quienes quieren prohibirlo, a quienes acusó de ser “los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad”.

“Creer que esto se resuelve recortando el derecho a huelga es absurdo. Estamos abordando el problema desde el costado, no desde el centro, en su total dimensión. Argentina tiene que dar vuelta el sistema educativo. Pero es con los docentes y no contra los docentes. No hay forma de hacer una reforma educativa en la Argentina sin los docentes», agregó por su parte el exministro Daniel Arroyo.

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