Ni Una Menos: Masiva manifestación para enfrentar al patriarcado y al ajuste

Once años después de aquel grito que sacudió a la Argentina, las calles volvieron a hablar. Miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias y organizaciones sociales se movilizaron este 3 de junio en todo el país para conmemorar una década del nacimiento de Ni Una Menos. Pero la convocatoria estuvo lejos de limitarse a una fecha simbólica. Fue una demostración de fuerza frente a un contexto político que amenaza conquistas históricas y pretende instalar la idea de que los derechos son privilegios y que la igualdad es una exageración ideológica.

La consigna original mantiene una vigencia dolorosa. Según los observatorios de violencia de género, en Argentina continúa ocurriendo un femicidio cada poco más de un día. Detrás de cada cifra hay una historia truncada, una familia devastada y un Estado que muchas veces llega tarde o directamente no llega.

Las columnas avanzaron entre cánticos, banderas y fotografías de víctimas de femicidios. Hubo abrazos, lágrimas, bronca y memoria. También hubo una certeza compartida: la violencia machista sigue siendo una deuda estructural de la democracia argentina y no se combate con discursos de odio ni con la retirada del Estado.

La jornada de lucha tuvo además una fuerte expresión política una vez concluida la movilización. Miles de militantes del campo nacional y popular se trasladaron hasta el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en la calle San José 1111, para expresarle su respaldo en medio de un escenario marcado por la persecución judicial y las amenazas de proscripción que denuncian desde el peronismo.

Allí confluyeron organizaciones feministas, agrupaciones políticas, sindicales y referentes sociales que entienden que la defensa de los derechos conquistados durante los gobiernos kirchneristas forma parte de una misma batalla. «Sin Cristina Libre no hay ni Una Menos», la lucha contra la violencia patriarcal, la defensa del Estado como garante de derechos y el acompañamiento a Cristina forman parte de una disputa común frente a un proyecto político que busca desarticular las herramientas de inclusión, igualdad y justicia social construidas durante las últimas décadas.

Durante años, el movimiento feminista logró instalar en la agenda pública problemáticas que habían sido relegadas al ámbito privado. Gracias a esa lucha se conquistaron herramientas concretas para asistir a mujeres en situación de violencia, se impulsaron programas de acompañamiento económico, se promovió la capacitación estatal a través de la Ley Micaela y se amplió el reconocimiento de derechos para millones de argentinas.

Hoy, gran parte de esas políticas atraviesan un proceso de desmantelamiento. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, los recortes presupuestarios y la paralización de numerosos programas son leídos por las organizaciones feministas como parte de una ofensiva más amplia contra el Estado y los sectores más vulnerables.

Porque detrás de cada programa cerrado hay una mujer que pierde una herramienta para escapar de la violencia. Detrás de cada despido en áreas sensibles hay menos capacidad estatal para acompañar a quienes más lo necesitan. Y detrás de cada discurso que niega las desigualdades existe una decisión política de invisibilizar problemas que siguen costando vidas.

Por eso la marcha de este año tuvo una consigna implícita que atravesó cada columna: no hay lucha contra la violencia machista sin Estado presente.

El gobierno de Javier Milei suele presentar el ajuste como una cuestión técnica o económica. Sin embargo, sus consecuencias son profundamente políticas y sociales.

Las mujeres de los sectores populares son quienes sostienen comedores, merenderos, redes de cuidado comunitario y estrategias de supervivencia frente a la crisis. Son también quienes sufren con mayor intensidad la precarización laboral, el desempleo y la pobreza.

Cuando se recortan políticas sociales, cuando se reducen programas de asistencia o cuando se debilitan las instituciones encargadas de proteger derechos, el impacto no se distribuye de manera uniforme.

Por eso las organizaciones feministas denuncian que el ajuste tiene rostro de mujer. Y por eso la marcha de ayer también fue una respuesta al intento de construir un sentido común que responsabiliza individualmente a las víctimas de problemas que son colectivos y estructurales.

Una década que cambió la Argentina

Ni Una Menos nació en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez. Desde entonces logró modificar el lenguaje público, visibilizar las múltiples formas de violencia patriarcal y construir uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente argentina.

Fue protagonista de los paros internacionales de mujeres, impulsó el debate por el aborto legal, acompañó a víctimas, generó nuevas formas de organización política y transformó la conciencia de millones de personas.

A once años de aquella primera movilización, las calles volvieron a demostrar que el feminismo sigue siendo una fuerza social viva. Una fuerza que incomoda al poder porque cuestiona privilegios. Una fuerza que resiste porque sabe que ningún derecho conquistado está garantizado para siempre. Y una fuerza que entiende que la lucha contra la violencia machista forma parte de una pelea más amplia por una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática.

Mientras haya una mujer asesinada por el hecho de ser mujer, mientras exista una niña obligada a crecer entre violencias, mientras el Estado se retire de donde más se lo necesita, el grito seguirá resonando. Ni Una Menos ya no es solamente una consigna. Es una forma de resistencia. Y en tiempos de ajuste, odio y retrocesos, también es una forma de esperanza.

«Vivas, libres y desendeudadas nos queremos»