Rutas sin mantenimiento, fondos sin ejecutar, «ruticidio»: la denuncia de los trabajadores de Vialidad

Hay una pregunta que atraviesa la discusión sobre el futuro de las rutas nacionales: si falta dinero para mantenerlas, ¿qué pasó con los recursos que se recaudaron para ese fin?

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) puso cifras a ese interrogante. Según la reconstrucción que hizo de documentación oficial, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron $1.503.252 millones al sistema de fondos viales, pero se ejecutaron $394.406 millones en obras. El gremio sostiene que, al 31 de mayo, más de un billón de pesos permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos. Denuncia, además, que parte de esos recursos fue administrada por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.

La diferencia exige una explicación pública. Los recursos que los argentinos aportan para transitar por rutas seguras no pueden desaparecer de la discusión cada vez que se presenta el deterioro del asfalto como una razón inevitable para entregar su mantenimiento a privados.

El Gobierno avanza con la Red Federal de Concesiones, un esquema que prevé incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a la gestión privada. Frente a la evaluación de nuevos tramos, los trabajadores viales hablan de “ruticidio”: sostienen que se desfinancia a Vialidad Nacional y luego se utiliza el deterioro de la red como argumento para profundizar las concesiones.

La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, lo planteó sin rodeos: “¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”.

La contradicción también alcanza al control. El Decreto 253/2026 delegó en nueve provincias la facultad de otorgar concesiones por peaje en tramos de rutas nacionales y estableció que Vialidad Nacional deberá definir los mecanismos de supervisión y auditoría de esos contratos. Al mismo tiempo, según denuncia el sindicato, se impulsa un nuevo retiro voluntario para reducir la planta del organismo. Más kilómetros bajo fiscalización y menos trabajadores para hacerlo: una ecuación que merece, como mínimo, una respuesta del Estado.

Pero las rutas no se miden solamente por el tránsito que pueden atraer a una concesionaria. Para un pequeño productor, una comunidad alejada o una economía regional, una ruta puede ser el vínculo con una escuela, un hospital o un mercado. Si su mantenimiento queda subordinado a la rentabilidad del peaje, ¿quién garantiza la conectividad de los tramos que no son negocio?

El STVyARA reclama que se destinen los fondos viales a reparar y mantener la red, que se frenen nuevas adjudicaciones sin estudios sobre su impacto social y que se preserve la capacidad técnica de Vialidad Nacional. La discusión de fondo excede la forma de administrar una carretera. Una ruta conecta territorios y sostiene derechos. Cuando el equilibrio de las cuentas se construye dejando esos recursos fuera del asfalto, la distancia la terminan pagando los pueblos.