Lucas González | Elevan a juicio oral la causa con 14 policías imputados

La jueza que lleva adelante el caso elevó a juicio oral la causa por el crimen de Lucas González con 14 miembros de la Policía de la Ciudad imputados por “homicidio agravado” o “encubrimiento”. 

Lucas era un adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un procedimiento policial irregular en Barracas en noviembre de 2021.

La magistrada rechazó todos los planteos de oposición que habían presentado las defensas de los policías implicados. De esta manera, avaló así el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal de la causa, Gómez Barbella.

El inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva son los principales imputados.

Issasi, López y José Nieva irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de: «Homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

Además, los acusaron de tres tentativas de homicidio agravado, falsedad ideológica, abuso funcional y privación ilegal de la libertad.

Los otros acusados son el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar.

«Tenemos el número de policías por habitantes más grande del mundo»

Además, están el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca.

Todos ellos como presuntos coautores de los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas».

Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

La jueza también resolvió mantener la investigación de la causa para que se siga investigando la posible participación de más imputados en el hecho.