Es Tuyo, del Barrio, de Todes

Procesaron a un exfuncionario macrista por negociaciones incompatibles con la función pública

Javier Iguacel fue procesado en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas, entre las que se encuentra IECSA, en su momento vinculada a los Macri.

El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación se da en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias.

«Javier Iguael, con la asistencia de el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart y el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente», sostuvo el juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.

Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri. Además de otras grandes empresas vinculadas a la obra pública.

El juez señaló a Iguacel como presunto autor del delito y, como participes necesarios procesaron a Stoddart y Belenky. De todas maneras, se trabaron los embargos de sus activos hasta cubrir los 10 millones de pesos.

La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Graciela Aleña el 16 de agosto de 2019

En su carácter de Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Ana María Aleña, denunció que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales de forma ilegal e irregular.

No solo beneficiando a las respectivas empresas concesionaria. Sino que también, perjudicando a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.

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