Cómo ocultar una desaparición forzada: dos años sin Santiago Maldonado

Noticias de dudosa veracidad, testigos falsos, declaraciones irresponsables de funcionarios, “periodistas” mercenarios, pericias truchas, un oscuro manejo de la comunicación oficial en redes sociales y una aceitada articulación bidireccional con miembros de la justicia fueron las herramientas con las que se valió el gobierno para mentir

La causa que el gobierno derribó

La causa, caratulada en todo momento como “desaparición forzada”, fue cerrada abruptamente en diciembre poco antes del arribo en nuestro país de los líderes de las potencias mundiales para la celebración del G20. El archivo de la causa dejó muchas preguntas sin responder.

No se puso el foco por un instante en el decidido accionar parcial del primer juez, Guido Otranto, quien mantuvo fluidas comunicaciones con funcionarios del Ministerio de Seguridad y de Gendarmería mientras tenía en sus manos la investigación.

Para muestra basta con mencionar que el 3 de agosto de 2017, Otranto se comunicó con el responsable de armar el operativo para desalojar la Ruta 40, Pablo Noceti, para ponerlo en conocimiento del peritaje a los vehículos usados en el operativo por gendarmería. El peritaje se hizo dos días después: los vehículos habían sido lavados y violadas las fajas de seguridad.

Otranto tampoco tuvo la voluntad de investigar que pasó y porque nunca aparecieron ni el teléfono celular ni la mochila que Santiago llevaba el día de su desaparición, ni porque Gendarmería hizo una gran fogata en las cercanías de la zona de la desaparición.

Los libros de los escuadrones de Gendarmería recién fueron pedidos por Otranto el 17 de agosto, mas de dos semanas después de la ultima vez que se vio con vida a Santiago. En ellos había datos de armas y coches cambiados, fechas adulteradas, fojas cortadas y reemplazadas con otras pegadas con cinta adhesiva.

Para sumar mas irregularidades al accionar de Gendarmería, no existen registros fotográficos ni fílmicos de los ocho minutos en los que los gendarmes a la orilla del Río Chubut porque se borraron “mágicamente”.

El 18 de septiembre de 2017, Guido Otranto ordenó un operativo masivo y no se encontró a Santiago en el lugar en donde, según la pericia de la que se sostuvo el gobierno, el cuerpo estuvo durante más de 70 días.

Tras el apartamiento de Otranto, el juez Gustavo Lleral engañó a familiares y amigos de Santiago con una impostada proactividad en la investigación que un año después terminaría con la decepcionante resolución del cierre de la causa.

El resultado de la pericia, en la que la mayoría -pero no la totalidad- de los peritos determinó que el cuerpo no tenía golpes ni cortes y que el deceso se produjo por ahogamiento, no es capaz de determinar dónde y en qué condiciones murió Santiago. Además, la autopsia menciona que Santiago sufrió “una muerte violenta”, variable omitida arbitrariamente por Lleral.

Junto al cuerpo fueron hallados billetes que estaban en perfecto estado, algo que no debería ser así, si el cuerpo de Santiago realmente estuvo tanto tiempo sumergido en el Río Chubut ¿o será que el operativo del juez Otranto no lo vio porque no estaba?

La negligencia de Lleral no se detuvo ahí: no citó a declarar a tres testigos de la comunidad mapuche, no permitió presenciar la declaración de Lucas Pilquiman (el testigo E), y no hizo lugar a los reiterados pedidos de los familiares de Santiago para la conformación de una comisión de investigadores independiente -uno de estos pedidos fue rechazado también por la Corte Suprema de Justicia-. El Estado se investiga solo.

Finalmente, el juez se comunico con la madre de Santiago para decirle que “Santiago se ahogó solo, que nadie lo había movido y se sentía muy mal trabajando con su gente. Y se había sentido muy presionado y apretado”.

La campaña del odio oficial

Macri diciendo que “hay que volver a la lógica en la que se te dan la voz de alto tenes que entregarte”, el mediático gendarme Echazú diciendo que “si Santiago se entregaba hoy estaría vivo”. Ambas son muestras cabales de que no hubo error en el accionar estatal.

Esa toma de posición fue ratificada por el amplio arco de los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales con una masiva y salvaje campaña de desprestigio hacia Santiago, a su hermano Sergio y la comunidad originaria mapuche que reclama por el justo derecho sobre sus tierras.

Asumir la democracia en nuestras manos

Discutir la implicación de las fuerzas represivas del Estado en la desaparición y muerte de Santiago es un elemento parte aguas de una sociedad que se reparte entre la hipocresía de quienes lavan culpas ajenas, los temerosos que siguen sin alzar la voz ante la gravedad del asunto, y quienes siempre lucharon contra la violencia del Estado -los “piantavotos”-.

Fuimos incapaces de impedir una elección a 48 horas de la aparición del cuerpo de Santiago, en un hecho gravísimo para nuestra ya no tan joven democracia. Esa tan mentada “democracia” sigue siendo los votos, la política de comité, la rosca y el ventajismo, pero no lo es cuando cada 21 horas el Estado nos va matando de uno por una.

No podemos permitir como sociedad una derrota tal que nos lleve a justificar entre nosotros por que mataron a quien tenemos al lado, así como tampoco caer en una lógica de guerra fraticida. No son las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos.

No podemos tampoco darnos el “lujo” de la desinformación, de desconocer nuestros derechos y garantías, y de no saber cómo defender nuestras libertades colectivas. Es preciso contar con un responsable ejercicio de acceso a la información.

Hagamoslo, por el fin de todas las injusticias.

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