Siete funcionarios procesados por fraude electoral
El juez federal Alejo Ramos Padilla investiga una masiva retención de DNI durante las elecciones de 2019 en Maipú. Rappallini, que es de Juntos por el Cambio, ganó en el municipio bonaerense por apenas 50 votos.
Una causa que avanza en la justicia federal de La Plata sacó a la luz un fraude electoral durante las elecciones de 2019 en Maipú, un municipio bonaerense gobernado por Juntos por el Cambio. El caso compromete al actual intendente de la comuna, el radical Matías Rappallini, quien se impuso hace 3 años en las ejecutivas locales por apenas 50 votos.
El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó este jueves a 7 personas por considerarlas “coautores penalmente responsables del delito de retención indebida de documentos de terceros; en concurso ideal con el delito de inducir a electores con engaños a abstenerse de sufragar, ello en forma sistemática y reiterada”.
Esa maniobra converge con el delito de impedir el ejercicio del derecho al sufragio mediante violencia o intimidación. Ramos Padilla, junto a los procesamientos, convocó a 36 personas a prestar declaración testimonial para la próxima semana.
Previamente, se escucharon 27 relatos que dieron cuenta de los hechos denunciados. Y uno de los acusados, un expolicía que estuvo relacionado a la municipalidad, reconoció haber retenido él solo 350 documentos de identidad.
Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Carlos Villalba, Miguel Ángel Silva y César Nievas
El procesamiento sin prisión preventiva alcanza a Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Carlos Villalba, Miguel Ángel Silva y César Nievas. A todos ellos se los acusa de realizar diversas acciones coordinadas junto con otras personas que incluyeron el ejercicio de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y/u ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes y/o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidas a obtener los documentos de identidad de numerosas personas con el fin de retenerlos, y así impedirles ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales que se celebraron el 27 de octubre de 2019 en el distrito electoral de Maipú, Provincia de Buenos Aires.
El juez decidió apartar de la investigación a la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú por su rol en el caso. Por ello, dio intervención a la Policía Federal Argentina, División Unidad Operativa Federal de Dolores.
El expolicía y procesado Franco Miluzzi aseguró en su declaración indagatoria que existía una complicidad entre las autoridades de la fuerza policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y las autoridades del municipio de esa ciudad, incluyendo a algunas de las personas imputadas.
La maniobra de retención y compra de documentos
Todas las víctimas dieron cuenta de una modalidad similar. Semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía comprarles su DNI a cambio de efectivo, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno, gestión de tramites, etc. Cuanta más necesidades tenían las victimas, más rápido accedían.
También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en la cooperativa municipal. Trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares fueron amenazados con que, en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo.
La mayoría de los denunciantes refirió haber entregado sus documentos por voluntad propia a cambio del dinero y de los beneficios que les eran ofrecidos. Incluso, algunos de ellos refirieron haber consentido que los «acompañaran» a votar.
Además, otros dieron cuenta de un mecanismo que consistía en filmarse en el cuarto oscuro colocando la boleta de votación del candidato oficialista local.
Lo que impulsó, finalmente, a que distintas victima formalicen la denuncia fue que los imputados no les devolvieras sus documentos de identidad. Ya que, en la gran mayoría de los casos, significó una ruptura de ese pacto previo, aunque irregular e ilegal.
La causa cuenta con 27 denunciantes que describieron maniobras similares. Las denuncias se formalizaron apenas cerraron los comicios de 2019 o incluso antes y se realizaron en diferentes dependencias judiciales y policiales.
“Se constató que la mayoría de los denunciantes no pudo emitir su voto, y se obtuvieron capturas de pantalla de comunicaciones de texto y por voz que daban cuenta de las maniobras denunciadas”, precisó Ramos Padilla.
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