“La condena a Cristina Fernández constituye un ataque al proceso democrático”

Tras conocerse el fallo por la causa Vialidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se manifestó con un duro comunicado. Denunciaron que la condena es «inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023″.

El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023”, señala el comunicado. Y detalla que el proceso judicial estuvo “plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso”, lo que constituye “un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones”.

“Bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho”

Además, la Secretaría afirma que “bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho”. Detalla que se desconocieron garantías básicas como el derecho de defensa y el principio de objetividad.

Advierten que la sentencia constituye “la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial”.

“Desde la Secretaría de Derechos Humanos reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, que proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia. Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país”, continúan.

“Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país”

Y afirman que se trata de una persecución política que “mantiene en la impunidad a exfuncionarios que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población”.

También advierte los escasos avances de la investigación por el intento de magnicidio; la inexplicable división de las investigaciones entre autores intelectuales y materiales; y la reticencia para investigar las conexiones políticas, evidencian la falta de legitimidad del Poder Judicial.

Para concluir, señalan que la sentencia es ilegítima y afirma que obliga a ir ante los organismos internacionales.