A las pocas de los incidentes ocurridos en el aeropuerto de Bogotá que concluyó con la deportación de Juan Grabois, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió en un permiso para ingresar a Colombia.
La CIDH entiende que se trata de una necesidad de carácter urgente. Las denuncias apuntan al abuso policial y a una violencia sistematizada. Por su parte, el Gobierno de Iván Duque se niega a recibirlos para analizar la situación.
Desde el pasado 14 de mayo hay una petición de la comisión para ingresar al país y evaluar las denuncias. Sin embargo, la vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez, negó la entrada al país «en este momento».
En su declaración, la Cancillería señaló: «El Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión, garantizándole a este organismo el acceso transparente a la información oficial y unificada de todas las entidades del Estado«.
La Defensoría del Pueblo le entregó a la CIDH un informe con 236 denuncias de vulneración de derechos humanos. En 174 casos, la violencia perpetrada en el marco de las movilización tiene como responsable a agentes policiales.
Además, se incluyó 106 actos de violencia de género, 23 de violencia sexual y dos presuntas violaciones sexuales.
La detención de Juan Grabois en Colombia
Este martes el dirigente social, integrante de una delegación de observadores, fue detenido y deportado de Colombia. Grabois participaba de una misión para relevar la situación de derechos humanos en el marco de las represiones sufridas recientemente.
En su cuenta de Twitter escribió: «Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie». Horas después debió regresar a Buenos Aires.
En la misma red social, posteriormente denunció violencia física y señaló: «el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un «riesgo para la Seguridad de Estado»». Minutos antes de su regresó agregó: «han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adios Colombia ¡Fuerza!»
Por su parte, la cancillería colombiana acusó a Juan Grabois, sin nombrarlo explícitamente, de negarse de realizar «una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte». Asimismo, denuncian que «faltó al respeto al Oficial de Migración y al Supervisor a cargo». Por esa misma razón «fue inadmitido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 1727 del 21 de diciembre de 2020».
«El extranjero quien, de forma vehemente, exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión», continuó el texto oficial.
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