El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denunció penalmente a funcionarios del gobierno nacional por el supuesto incumplimiento del fallo de la Corte Suprema que estableció que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciba el 2,95% de la masa de impuestos de la coparticipación.
“Cómo dije, primero informamos ayer a la Corte Suprema del incumplimiento porque fue el segundo día hábil. Hoy presentamos una denuncia penal contra todos los funcionarios del área. Vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que esto se cumpla”, indicó Larreta en una conferencia.
Allí, en la rueda de prensa que tuvo lugar en el Jardín Botánico, presentó a Martín Redrado, Waldo Wolff y Silvia Lospennato como nuevos funcionarios.
Anunciamos incorporaciones en el Gabinete. https://t.co/ai7dw0GMn7
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 27, 2022
En la denuncia, si bien no figuran los denunciados, hace hincapié en el ministerio de Economía, conducido por Sergio Massa; Interior, encabezado por Wado De Pedro; y Banco Nación, bajo la titularidad de Silvina Batakis, también responsable por las transferencias. Al respecto, en la conferencia de prensa, Larreta sostuvo que el poder judicial será el encargado de identificar a los responsables.
Nosotros queremos bajar impuestos y el kirchnerismo no quiere. Vamos a cumplir nuestra palabra. El gobierno nacional debe acatar el fallo y transferir los fondos que le corresponden a la Ciudad. pic.twitter.com/aAqRgRTDvi
— Horacio Rodríguez Larreta | coparticipación (@horaciorlarreta) December 23, 2022
El jefe de Gobierno porteño rechazó la posibilidad de un pago de coparticipación mediante bonos y sostuvo que debería hacerse el pago de forma diaria, en pesos y mediante transferencias del Banco Nación.
En la demanda alegan que la corte dispuso que “las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, ello fue incumplido hasta la fecha”.
Mientras que el gobierno nacional oficializó el pago del aumento de la coparticipación con bonos, el gobierno de la ciudad demanda a los funcionarios con penas de hasta dos años de prisión por tomar decisiones “contrarias a la Constitución”.