Cárceles: Torturas y hacinamiento

La Procuración Penitenciaria de la Nación dio a conocer un boletín estadístico donde detalla la situación y las condiciones de la población privada de su libertad en el Sistema Penitenciario Federal (SPF) durante el primer trimestre de este año, y durante todo el 2017.

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Superpoblación.

El primer dato se funda en la información de la Base de datos de Población y Alojamiento del Servicio Penitenciario de la Nación, y da cuenta de una población carcelaria de 12084 internos durante el primer trimestre de 2018, número que aumento progresivamente.

El informe inscribe esta progresión en un proceso internacional de aumento del encarcelamiento, como producto de la implementación de estrategias de endurecimiento punitivo, pero advierte: “Pese a que se trata de una tendencia en actual descenso en Estados Unidos y algunos países europeos, en Argentina las proyecciones futuras son poco alentadoras”.

A su vez, agrega que “la única estrategia que se observa por parte del Poder Ejecutivo para hacer frente al problema de la sobrepoblación es la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las existentes. En el improbable caso que ello se concretase, significaría que, en el año 2022, el SPF tendría 24.000 plazas, más del doble que en la actualidad”.

Además, manifiesta que esta superpoblación es un problema de gran parte de los Servicios Penitenciarios de nuestro país, dado que confluyen varios motivos: el uso discrecional de la prisión preventiva, la poca utilización de medidas alternativas a la cárcel, la escasa aplicación de institutos de egreso y la presión de la opinión pública.

En datos interanuales, en el 2017 se contabilizaron 6770 personas que están privadas de su libertad con prisión preventiva, es decir, poco menos del 60% del total. Estos datos intentan explicar la superpoblación carcelaria mencionada, ya que sólo 4 de cada 10 internos tiene condena firme.

Estos números no incluyen a los presos que están fuera de las unidades del Servicio Penitenciario Federal como aquellos detenidos en cárceles provinciales, en dependencias de Gendarmería Nacional o Prefectura Naval, ni tampoco en comisarías policiales. En el caso de que se tuvieran en cuenta estos establecimientos, se   elevaría el número de población carcelaria por encima de 80 mil personas.

Maternidad y género

El boletín informa que durante el primer trimestre de 2018 se contabilizaron 36 mujeres alojadas con sus hijos, y 22 embarazadas en el SPF. Los números consolidados interanuales no muestran con claridad un patrón ascendente, aunque cabe señalar que la cantidad de mujeres privadas de su libertad con hijos supo estar en valores más elevados en los últimos 10 años, según datos oficiales. No obstante, el organismo recomienda a la justicia buscar alternativas diferentes al encarcelamiento masivo de embarazadas y madres con sus hijos, en vistas de los problemas estructurales y sanitarios que guardan estas instituciones.

Por otra parte, el informe pone el foco en el género de los internos, dividiéndolo en tres: el 92% de las personas privadas de su libertad son hombres, mientras que se registran 948 mujeres y 39 personas trans.

Entre los informes de 2016 y 2017 el número de población encarcelada de varones aumento un 8%, mientras en el caso de las reclusas pasó de 794 a 946, que representa un aumento del 16%, rompiendo notoriamente una estabilidad en los niveles de encarcelamiento femenino que se mantenía.

Torturas

Los casos de tortura y malos tratos denunciados por los propios internos durante la última década, tuvo su nivel más alto en el año 2014, y desde entonces el número se ha reducido. Sin embargo, el primer trimestre de este año se contrapone a esta tendencia: con 40 denuncias en enero, 33 en febrero y 103 en marzo. Es decir, en el primer trimestre del año se acumularon 176 denuncias de torturas y malos tratos en establecimientos del SPF, datos que proyectan un aumento progresivo para este año, salvo que se registre una baja en los próximos cuatrimestres.

Se considera tortura y malos tratos a los casos de golpes, agresiones físicas y amenazas relevados. Solamente 46 de estos casos llegaron a una denuncia penal amparados en el Protocolo de Estambul, que solicita la expresa voluntad de los internos violentados para dar curso a una denuncia penal, como resguardo ante frecuentes represalias de los propios agresores.

Según el informe, hubo 12 muertes documentadas en penitenciarias de nuestro país de las cuales seis fueron violentas, y se produjeron en misma cantidad de establecimiento. Solo en 2011 y 2013 la cantidad de muertes violentas en las instituciones carcelarias superó a las no violentas.

El 8M y una represalia de los agentes penitenciarios.

Por último, se detalla la situación producida el 8 de marzo en el Complejo Penitenciario Federal de Mujeres IV de Ezeiza.

Según informaron, las internas realizaron un “ruidazo” en apoyo al Paro Internacional de Mujeres y, horas después, el establecimiento resolvió negarles el acceso al “peculio” como forma de castigo. Es decir, la remuneración que perciben por las horas trabajadas. Luego del anuncio, el cuerpo de requisa ingresó a uno de los pabellones y comenzó a agredirlas. Esta situación fue denunciada en una de las visitas que la procuración penitenciaria realizó el pasado 12 de marzo.

Este es el boletín completo: Boletin N°10 PPN

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