Procesaron a Villegas, el exministro que quería su propia Gestapo
Está acusado de prevaricato y de realizar tareas de inteligencia ilegales por la reunión realizada en el Banco Provincia junto a empresarios de la construcción en junio de 2017.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a varios funcionario que participaron de la polémica reunión en el Banco Provincia. Se trata de la causa denominada Gestapo a raíz de los dichos del entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas.
Kreplak procesó a Villegas pero no fue el único. También al intendente de La Plata, Julio Garro; al exsecretario de Justicia, Adrián Grassi; senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan; y a los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y a Diego Dalmau Pereyra.
A todos ellos se les aplicó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y se los acusó de realizar tareas de inteligencia prohibidas.
En cambio, Kreplak le dictó la falta de mérito al exministro de Infraestructura Roberto Gigante. Además, a los empresarios de la construcción que participaron de ese encuentro, Ricardo Alconada Maglia y Guillermo Moretto; a Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.
En la resolución, el juez destacó que la investigación debe profundizarse sobre autoridades políticas, nacionales, provinciales y de la AFI. Además, el fallo destaca eventuales responsabilidades a nivel judicial por la colaboración que habrían tenido para la reconstitución de pruebas.
“Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, dice el fallo.
«Podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados»
Sobre la nulidad planteada por las defensas respecto a la ilegalidad de cómo se obtuvo el video de la reunión en el Banco Provincia, el juez la descarta. «No se puede afirmar en autos la afectación de los derechos constitucionales de quienes participaron de la reunión», concluye en su fallo.
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