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El Estado ayudó a más de mil víctimas de violencia de género por mes

El 95,1% de los agresores fueron varones y el 79,9% exparejas; mientras un 6,3% fue la pareja actual, el 3,3% el padre o tutor y el 3% otro familiar.

Según registró el Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg), en los últimos dos años hubo más de 1.000 víctimas asistidas por mes en el país tras sufrir distinto tipos de agresiones. Las provincias de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y La Rioja presentaron el mayor porcentaje de asistencia a víctimas de violencia de género en base al total de su población.

“Nos impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo. Eso nos facilita el abordaje de los casos”, sostuvo en diálogo con la Agencia de Noticias Télam Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, al analizar los datos publicados recientemente.

En ese sentido, explicó que los datos están disponibles para consultarse de manera abierta en un tablero interactivo que recoge las situaciones de violencia por motivos de género atendidas en el marco del Programa Acercar Derechos (PAD).

El tablero cuenta con la información diferenciada por provincias y por fecha de personas asistidas, las características principales de las situaciones de violencia y de los agresores. Además del nivel de riesgo y las principales acciones realizadas.

El informe expuso que entre junio de 2021 y junio de este año se atendieron 24.119 personas, es decir, más de 1.000 por mes, y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento.

La provincia de Santiago del Estero presentó la mayor cantidad de personas asistidas por el PAD, con un total de 2.827 (un 11,7% del total), seguida por Mendoza con 2.486; Misiones, 2.209 y la provincia de Buenos Aires donde fueron asistidas 2.075 personas.

Porcentajes de asistencias en base a la población

Según el tablero, la provincia que tuvo el porcentaje más alto de asistencias en base al total de su población fue Tierra del Fuego (0,79%. Le siguieron Santiago del Estero (0,27%) y La Rioja (0,17%).

Mientras, las que registraron el porcentaje más bajo fueron Buenos Aires (0,01%), Santa Fe, Río Negro, Formosa, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se asistieron a 1.312 personas, lo que equivale al 0,04% de su población.

Los datos muestran que el 28,6% de las víctimas presentaron un “nivel de riesgo altísimo” al momento de la asistencia. Asimismo, el 23,7% de las personas agresoras tenían antecedentes de violación de medidas de restricción, mientras el 14,2% contaba con acceso a armas de fuego.

En cuanto a las características de los agresores, el 95,1% fueron varones y el 79,9% exparejas; mientras un 6,3% fue la pareja actual, el 3,3% el padre o tutor y el 3% otro familiar.

Varios tipos de violencia

En cuanto a los tipos de violencia ejercidas, la violencia doméstica fue la más frecuente (94,8%), frente a la institucional (2,2%) y la laboral (1,7%). La conducta violenta más repetida fue la violencia psicológica (88,9%), seguida de la física (82,2%), económica y patrimonial (62,3%), simbólica (37,2%), ambiental (cuando la agresión se dirige a elementos del ambiente como golpear una mesa o una pared y no directamente a las personas) (32,2%) y sexual (23,4%).

“A partir de la línea de fortalecimiento de acceso a la justicia del PAD tenemos al cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencias por motivos de género. Lo que nos sorprende es que la mayor demanda que ingresa es por alimentos”, resaltó Neila.

Sin embargo, advirtió que, según un relevamiento sobre acceso a la justicia en los abordajes del PAD, en el 76% de los casos que acompañan “las sentencias de cumplimiento de cuota alimentaria no se respetan”. 

Además, en los casos de violencia física, el tiempo promedio para que otorguen las medidas de protección es de más de 24 horas en el 66% de los casos, cuando debería ser inmediata.

El 96,6% de las victimas fueron mujeres de entre 18 y 59 años. Sin embargo, no solo la edad es un factor clave para estudiar la población, sino que los datos públicos relevaron la intersección con otras características que frecuentemente están asociadas a condiciones de mayor vulnerabilidad.

El 8,8% del total de víctimas (2.122 personas) nacieron en otro país, mientras 554 eran indígenas, 337 tenían discapacidad, 313 eran refugiadas, 192 se encontraban en conflicto con la ley penal, 144 estaban en situación de trata y 72 eran afrodescendientes. Mientras el 1,2% era lesbiana, 1,1% gay y 0,9% bisexual.

En relación a su situación económica, lo cual está relacionado con la posibilidad de salir o no de una situación de violencia, solo el 38% tenía declarada actividad remunerada, mientras un 41% residía en una vivienda prestada o cedida y el 8,4% en una alquilada con de la persona agresora.

Medidas de protección e intervención estatal

Del total de personas asistidas, el 30,6% recibió medidas de protección, como prohibición de acercamiento (49,4%), exclusión del agresor de la residencia común (21,6%), botón antipánico (15,7%), medidas de seguridad en el domicilio (7,6%), restitución de bienes y efectos personales (3,5%) y secuestro de armas en poder del agresor (2,5%).

A su vez, fueron asistidas con intervención estatal un 45,6%, siendo la policial la intervención más frecuente (50,1%), seguida de la judicial (55,5%), centros de salud (27,4%) y dispositivos territoriales de protección (4,7%).

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