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Milman entregó su celular a la justicia pero se opone a su análisis

El dispositivo fue entregado en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, entregó este martes su teléfono celular a la justifica federal, aunque lo acompañó con una presentación en la que manifestó su oposición a que el aparato sea abierto. El dispositivo se entregó en el juzgado que preside María Eugenia Capuchetti. Se hizo en el marco de la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre del año pasado.

El celular lo entregó su abogado, Manuel Barros, quien además adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador con previa autorización de la Cámara de Diputados.

Mientras se decide cómo avanzar con la apertura del teléfono del legislador macrista, este quedó guardado en la caja fuerte del juzgado de Capuchetti. La entrega del aparato se informará a la Cámara de Diputados debido a que consideran que para poder avanzar en el dispositivo se necesita que la Cámara baja lo habilite porque sus integrantes tienen fueros.

La decisión de Milman de entregar el celular apunta a demostrar que “está a disposición de la justicia” y que su teléfono quedará allí hasta que se decida que hacer con él, independientemente de que el exfuncionario del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich cree que no corresponde la medida ordenada.

Según los abogados de la querella, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa es muy baja

El movimiento del abogado de Milman en el expediente judicial se produjo luego de que el jueves pasado la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires habilitara el secuestro de su teléfono celular, una medida que había sido solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la fiscalía, pero que quedaba sujeta a la autorización del Congreso de la Nación.

Sin embargo, a pesar del gesto del funcionario, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa es muy baja, no solo por el tiempo transcurrido desde el hecho, sino porque María Eugenia Capuchetti no parece tener mucho interés en saber si el funcionario fue parte del intento de magnicidio o no.

Los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi votaron por autorizar la medida. Allí detallaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal, abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023”.

La búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, enfatizaron.

“Se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo, imponiendo su eliminación, y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”, concluyeron.

Capuchetti no quería que se secuestre el celular de Milman

María Eugenia Capuchetti había rechazado en mayo el pedido del fiscal a cargo de la investigación por el atentado a la Vicepresidenta para que se secuestrara el o los celulares que usó el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, durante los últimos meses.

La medida había sido solicitada luego de que Ivana Bohdziewicz, ex secretaria de Milman, relatara que tanto ella como su compañera investigada habían ido en noviembre a un oficina que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, donde habrían sido manipulados sus celulares.

La declaración de la joven se produjo a raíz de que Bohdziewicz se presentara espontáneamente en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración testimonial porque se sentía presionada por su compañera Gómez Mónaco, quien se había enterado de su voluntad de volver a prestar testimonio.

Tanto Bohdziewicz como Mónaco son testigos en el marco de la denominada “Pista Milman”. Ambas acompañaban el 30 de agosto pasado al diputado, dos días antes del intento de magnicidio a la Vicepresidenta, cuando habría pronunciado la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”.

En ese contexto, la magistrada recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado, algo escrito en el expediente por la propia fiscalía. Por lo que resolvió, en un primer momento, no hacer lugar al secuestro del celular del funcionario.

En ese sentido, la jueza sostuvo que para avanzar con medidas como la del secuestro del teléfono, debería efectuarse mediante “una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”. “Hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado”, concluyó.

 

Con información de Télam

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