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Ley de Alquileres: el proyecto que busca desestabilizar aún más a los inquilinos

Luego del fracaso por derogar la normativa, Juntos por el Cambio logró aprobar su proyecto con modificaciones y ahora espera su tratamiento en el Senado. Una por una, las claves de lo que está en juego.

Por ElNumeral

Este miércoles, finalmente, Juntos por el Cambio logró uno de sus principales objetivos en los últimos meses: darle media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto que busca modificar por completo la Ley de Alquileres que rige actualmente, beneficiando a los y las propietarias.

La iniciativa fue aprobada con 125 votos afirmativos contra 112 negativos. Los 116 diputados de Juntos por el Cambio fueron respaldados por cuatro del Interbloque Federal, dos de Juntos por Rio Negro, dos del bloque Ser y uno del Frente de la Concordia de Misiones.

En tanto, fue rechazada por 112 votos de los cuales 99 fueron aportados por integrantes del Frente de Todos, cuatro por la izquierda, tres libertarios y dos del Interbloque Federal. Mientras que tres legisladores se abstuvieron de votar.

Entre los puntos más destacados de la modificación están la vuelta a los contratos de dos años, con actualizaciones a efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses en base a un índice o una combinación de índices acordados entre propietarios e inquilinos.

A continuación, una por una, las claves de los proyectos que estaban en discusión y qué podría pasar con los inquilinos si la Cámara Alta aprueba la reforma.

Mantener la ley, pero sumar incentivos

Para el Frente de Todos, la normativa actual es positiva, ya que propone un marco de regulación y derechos para el sector más vulnerable de los contratos: los inquilinos. Por eso, las y los diputados del bloque decidieron bajar al recinto después de que la oposición obtuviera el quórum, con el objetivo de bloquear el intento de Juntos por el Cambio para derogar la norma.

La iniciativa del oficialismo buscaba sumar una serie de incentivos a los propietarios para que vuelquen las viviendas al mercado de alquiler, que hoy se encuentra en niveles bajísimos. “Tenemos un dictamen que sostiene los beneficios para los inquilinos y que establece una serie de incentivos impositivos para que propietarios pongan sus viviendas en alquileres”, expresó el diputado Marcelo Casaretto.

Asimismo, explicó que en un contexto de “alta inflación” no se puede desproteger a los inquilinos. “La derogación de la ley significaría que se acorten los plazos de contrato, que se acorte el período de ajuste y que se usen fórmulas que perjudiquen a los inquilinos”, sintetizó.

Por su parte, la diputada Paula Penacca agregó en una entrevista radial que la propuesta incluía regular a fondo los alquileres temporales y no registrados para volcarlos al sector formal. Se trata de un sector que creció como nunca en los últimos años con propiedades destinadas principalmente a turistas y que se alquilan en dólares a través de plataformas.

Derogación, el plan de Javier Milei que fracasó

Dentro de la oposición, tanto en Juntos por el Cambio como en La Libertad Avanza, un sector buscaba avanzar directamente con la derogación de la Ley de Alquileres, lo que finalmente fracasó, ya que no consiguieron los votos suficientes para avanzar en el recinto.

Como la iniciativa de derogar no tenía dictamen de comisión, debía ser aprobada con dos tercios de los votos. Juntos por el Cambio no alcanzó el número, debido a la negativa del oficialismo y la izquierda. La votación terminó con 110 votos negativos y 124 votos afirmativos.

Qué se aprobó

Entre los puntos destacados del proyecto se encuentran el acuerdo entre propietario e inquilino de la duración del contrato, el tiempo y los montos de actualización, una política de desalojos más dura y veloz, además de eliminar toda regulación estatal en el sector.

Quienes apoyaron este proyecto fueron los bloques intermedios, como los federales que responden a Juan Schiaretti y un sector de Juntos por el Cambio que no estaba a favor de derogarla, pero sí buscaban modificar parcialmente la normativa actual.

Estas modificaciones, que van en la misma línea que el pedido de las cámaras inmobiliarias, deja básicamente una ley muy similar a la anterior normativa que regulaba los alquileres.

La propuesta consiste en bajar la duración de los contratos y eliminar las actualizaciones anuales para llevarlas a negociaciones más periódicas, lo que podría hacer bajar los precios iniciales de los alquileres y evitar un único golpe muy duro al bolsillo de los inquilinos.

Las inmobiliarias, como plantean desde algunos sectores de la oposición, también apuntan a una modificación parcial de la normativa actual. En este sentido se expresaron ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, pidiendo que se reduzcan como mínimo a cuatro meses las actualizaciones de precios y que los contratos sean de dos años, no de tres.

Por su parte, desde Inquilinos Agrupados aseguran que el problema de la normativa es la ausencia del Estado para controlar los abusos del mercado inmobiliario.

“La reforma va a generar un golpe enorme a los salarios”

Bajo la consigna “Frenemos al mercado inmobiliario. La vivienda será un derecho”, inquilinos se manifestaron frente al Congreso Nacional, mientras se votaba en la cámara. Los locatarios aseguran que el cambio en la regulación de las operaciones atenta contra sus derechos y los empuja a una condición de vulnerabilidad en el marco de una crisis habitacional agravada por la inflación y la dolarización de los contratos.

“El mercado inmobiliario ha logrado que el Estado Nacional esté completamente de rodillas frente a su voluntad”, reflexionó Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Para el referente, más allá de que el proyecto pueda ser modificado por los senadores, hay un “clima político que permitió esta votación y que va a permitir que después vengan por los derechos de los trabajadores y los jubilados”.

“Hay un consenso conservador que viene a representar al poder económico y hoy se vio en el Congreso Nacional”, sostuvo.

“La oposición sabe bien a quien representa y no tiene tapujos en hablar en nombre de esos intereses. El final de toda esta campaña es una modificación a la ley en función sólo de los intereses del mercado inmobiliario para que puedan fijar los precios que se les antoje, con una actualización cada cuatro meses que va a generar un golpe enorme a los salarios”, afirmó Muñoz.

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