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Modificaciones en Inteligencia y el regreso de la SIDE: ¿Dónde está el peligro?

Javier Milei hizo algunos cambios en la Ley de Inteligencia, mediante un DNU, y habrá más espionaje en menos manos. Mientras algunos fanáticos celebran los nuevos logos, activistas y militantes temen por el regreso de la SIDE.

Por ElNumeral

Con algunos polémicos cambios, el Gobierno de la Nación oficializó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el regreso de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dependerá directamente del presidente Javier Milei y estará a cargo de Sergio Neiffert.

Las nuevas modificaciones permitirán realizar contrainteligencia por “opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales”, además de que la designación de sus autoridades no deberá pasar por el Congreso, entre otras.

En profundidad. El gobierno oficializó la medida mediante una publicación en el Boletín Oficial. Allí no solo se dio la orden de disolver la AFI, crada por la Ley N° 27.126, sino que también se presentó la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Una secretaría que se sumará a las ya existentes: General, Legal y Técnica, de Planeamiento Estratégico Normativo, y de Prensa.

La SIDE tendrá cuatro nuevos organismos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), a cargo de Alejandro Colombo; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que dependerá de Alejandro Pablo Cecati; la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) que estará en manos de Ariel Waissbein; y la División de Asuntos Internos (DAI), que aún no tiene un titular.

¿Pero, por qué es peligroso? Una de las polémicas modificaciones que establece el decreto es que la ASN tendrá la función de hacer contrainteligencia sobre “toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”, para lo que contará con “medios propios para la obtención y reunión de información”. Este apartado se contrapone con lo expresado por la Ley de Inteligencia N°25.520, que en su artículo 4 determina que el organismo tiene prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

Otro de los aspectos irregulares del decreto es el cambio del artículo 15 de la Ley de Inteligencia, que exigía que las designaciones del Ejecutivo también debían tener la venia del Congreso de la Nación, una situación que ahora simplemente será “comunicada”. “Las designaciones del Secretario de Inteligencia, así como las de los titulares de los mencionados órganos desconcentrados serán debidamente comunicadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del H. CONGRESO DE LA NACIÓN”, señala el artículo 20 del decreto.

Además, se eliminó la prohibición de argumentar “obediencia debida” ante un hecho puntual, que estaba contemplado en el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia. “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”, indicaba la anterior normativa, algo que ya no figura.

De todas maneras, eso no es todo. Entre otras de las polémicas modificaciones está que la SIDE tendrá amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias de sus órganos desconcentrados, la eliminación de las declaraciones juradas para sus integrantes y la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia para “cooperar con el organismo”.

El Gobierno ya había anunciado la medida a través de las redes de la Oficina del Presidente. “La SIDE tendrá el control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas”, subrayó el comunicado oficial.

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