El genocida, Miguel Etchecolatz, pidió volver a la policía bonaerense

La solicitud elevada para ser reincorporado a la institución intenta encontrar su justificativo en considerar nula su exoneración, ya que la medida constituye «una violación al derecho de defensa y de debido proceso», según dicta el escrito.

En agosto de 2017 fue exonerado de la fuerza, ya que se descubrió que continuaba en la nómina de efectivos de la policía de la provincia, como si se hubiese jubilado. El Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió esta medida, pena que implica la separación definitiva de la fuerza y la pérdida de todos los beneficios del cargo, incluidos los económicos. Por este motivo, Cristian Ritondo, salió a rechazar rápidamente el pedido de Etchecolatz a través de sus redes sociales.

“Yo creo que estos personajes tienen un aparato fuera de la cárcel que les sirve todavía, debe haber alguien que le habrá dicho ´mirá, inténtalo que nosotros te vamos a ayudar´”, comentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto en declaraciones a la televisión, al expresar su repudio al pedido de Etchecolatz y valorar el rápido rechazo del Ministerio de Seguridad.

Es sabido y comprobado en proceso judicial que Miguel Etchecolatz fue el responsable de miles de detenidos-desaparecidos en más de 21 centros clandestinos de detención en el conurbano bonaerense, y pesan sobre él seis sentencias por violaciones a los derechos humanos y robo de bebés. Además, se sospecha que el represor sabe que sucedió con Clara Anahí Mariani Teruggi, la nieta de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, recientemente fallecida. Por otro lado, está involucrado en las dos desapariciones de Jorge Julio López.

Pese al rechazo casi inmediato, es difícil no asociar el atrevimiento para semejante pedido de un genocida con un signo político gobernante que no hizo mas que minimizar todo lo posible los crímenes cometidos durante la ultima dictadura cívico-militar, que retiró al Estado de las querellas en los juicios a represores, que no apeló las prisiones domiciliarias a genocidas y que tampoco repudió el intento de aplicar el 2×1 a genocidas. Además, se encargaron de cuestionar el número de desaparecidos y desaparecidas, y hacer de la represión y la violencia una política de estado para aplicar a la fuerza medidas antipopulares que perjudican a la mayoría de la población.