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Cómo es la propuesta del salario básico universal

El proyecto presentado hace dos meses en el Congreso de la Nación busca establecer una base de ingresos para quienes integran los sectores más vulnerables.

La renuncia de Martín Guzmán opacó algunas de las definiciones que dejó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su visita a Ensenada, entre ellas, la puesta en marcha del salario básico universal. 

«Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, detalló. De esta manera, la mandataria jerarquizó una vez más, la idea de generar un mecanismo para garantizar un ingreso permanente y así tranquilizar a la población más vulnerable.

En un contexto donde cada vez más organizaciones sociales, sindicatos y legisladores ponen en agenda la necesidad de ampliar el sistema de seguridad social, Fernández de Kirchner apoyó y puso el foco en aquellas personas de bajos ingresos sin ocupación plena, cuentapropistas o trabajadores de la economía informal.

Por ley o por decreto

La propuesta del Frente Patria Grande, que apoya La Cámpora y ahora CFK tiene un diseño concreto que está plasmado en un proyecto de ley presentado hace dos meses en el Congreso.

Si bien aún no fue tratado en comisiones, puede avanzar por ley pero también por decreto. En el Congreso, la iniciativa fue impulsada por el propio Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del Frente Patria Grande

En el texto de la norma aseguran que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de $14.400.

Asimismo alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado.

El público objetivo será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres, es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A.

Según los cálculos que hace el equipo de Patria Grande, la población objetivo sería de 7,5 millones de personas. Un número en linea con la cantidad de beneficiarios de Refuerzo de ingresos otorgado este año.  El costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender al 1,8 por ciento del PIB.

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