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Se aprobó la Ley de Cooperadoras Escolares y denuncian que es “persecutoria”

El macrismo y sus aliados votaron el proyecto oficial para regular el funcionamiento de esas entidades. La norma fue aprobada con 37 votos a favor, 22 en contra y una abstención.

Con votos de Juntos por el Cambio y de sus bloques aliados, la legislatura porteña aprobó la Ley de Cooperadoras Escolares, una norma que regula el funcionamiento de las asociaciones. Sin embargo, el Frente de Todos denunció que la normativa restringe la participación de la comunidad educativa con el objetivo de “controlar a las cooperadoras”.

La red que nuclea a diversas cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires, y que había presentado un proyecto propio, catalogó a la ley como una herramienta de “persecución política”.

En la sesión de este jueves también se iba a tratar un proyecto para vender predios del Casco Histórico, pero Juntos por el Cambio decidió reservarlo tras las críticas recibidas.

La Ley de Cooperadoras quedó aprobada por 37 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Los apoyos llegaron por parte de los bloques de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista, Republicanos Unidos y La Libertad Avanza. Los rechazos, por otra parte, fueron del Frente de Todos y el Frente de Izquierda.

“Queremos alejar a los partidismos del ámbito educativo y cuidar el interés genuino de todos los que participan en la cooperadora. (…) Una cosa es militar partidos en la calle o en un local y otra cosa es militar partidos políticos en las escuelas”, aseguró la autora del proyecto, la diputada Marina Kienast.

“Queremos alejar a los partidismos del ámbito educativo. (…) Una cosa es militar partidos en la calle o en un local y otra cosa es militar partidos políticos en las escuelas”

MARINA KIENAST, REPUBLICANOS UNIDOS

Qué establece la norma

La norma genera un marco regulatorio para el trabajo de las asociaciones cooperadoras, algo que hasta el momento no existía en la Ciudad de Buenos Aires. Además, al ser impulsada por Juntos por el Cambio, logró dejar de lado el proyecto presentado por la red Cooperadoras en Movimiento.

El artículo que mayor polémica generó entre oficialismo y oposición fue el 16. Allí se establece que si los miembros de las comisiones directivas promueven “acciones con fines políticos partidarios” a través de la cooperadora serán “pasibles de remoción”. La oposición planteó en este sentido que el Ministerio de Educación podría utilizar la normativa con fines persecutorios.

“Quedó muy claro en las intervenciones del oficialismo: lo que busca esta norma es controlar”

MARÍA BIELLI, FRENTE DE TODOS

“Quedó muy claro en las intervenciones del oficialismo: lo que busca esta norma es controlar”, sostuvo a su turno la legisladora del Frente de Todos María Bielli.

“En los últimos meses la gestión de Soledad Acuña se encargó de mandar notificaciones policiales a las casas de los estudiantes o de sumariar a autoridades que lo único que hacen es fomentar la participación. Les molesta que haya una comunidad educativa que reclame”, agregó.

Los artículos cuestionados son varios. El artículo 9, por ejemplo, divide a los integrantes de las asociaciones en dos tipos de socios. Los activos, que deberán ser exclusivamente familiares de los estudiantes, y los adherentes, que podrán ser integrantes del resto de la comunidad. Solo los socios activos tendrán voto y podrán participar de la comisión directiva. Mientras que la intervención de los adherentes se verá limitada a opinar en las asambleas.

La norma también establece una sola reelección posible, limitando los períodos de mandato a cuatro años. Además añade restricciones en la conformación de la comisión directiva. No podrá haber, por ejemplo, dos integrantes de la misma familia como miembros de la comisión. Tampoco podrán ser elegidos los integrantes de comisiones que hayan sido intervenidas anteriormente.

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