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Murió Blaquier, dueño de Ledesma y cómplice de la dictadura

El empresario falleció a los 95 años. Desde H.I.J.O.S advirtieron que "cuando un genocida o partícipe civil no es juzgado, la impunidad es política y/o judicial. Carlos Pedro Tadeo Blaquier fue beneficiado por la impunidad desde su participación en el terrorismo de Estado. Acá nadie se olvida. Acá nadie perdona".

Carlos Pedro Blaquier, falleció este lunes tras permanecer internado alrededor de un mes en la clínica Zabala de Buenos Aires. El empresario, que tenía 95 años, estuvo al frente de la empresa azucarera Ledesma por más de cuatro décadas.

Desde 1970 al 2013 fue presidente de la empresa. El último año, pidió a la asamblea de accionistas que no lo reeligieran como presidente a causa de su avanzada edad. Desde entonces, su hijo Carlos Herminio Blaquier está al mando de Ledesma, azucarera ubicada en Jujuy y una de las más importantes del país.

Su relación con la dictadura

A Carlos Pedro Tadeo Blaquier lo procesaron hace once años por los secuestros ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Jujuy. Sin embargo, gracias a la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal, las investigaciones en su contra se dilataron y evitó sentarse en el banquillo de los acusados.

Su apoyo a la última dictadura cívico militar era explícito. Por ello, en 2012 la justicia federal lo procesó por los secuestros y desapariciones que se dieron tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Aquellos hechos, que se dieron en julio de ese mismo año, se conocieron como «Noches del Apagón».

Con camionetas del ingenio Ledesma, las fuerzas de seguridad salían a secuestrar en el marco de un corte de suministro eléctrico. Además de cómplice, la empresa fue responsable de entregar listas de los trabajadores que debían ser secuestrados.

Sin embargo, pese a la responsabilidad empresarial que se halló en las investigaciones, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Blaquier en marzo de 2015. La causa no se movió en sesis años.

En 2021, la Corte Suprema compuesta por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton firmaron un fallo en el que apuntaron a Casación por obstaculizar el avance de la causa.

Las querellas pidieron que el empresario fuera elevado a juicio, pero en 2021 el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo separó del proceso. Explicaron que no estaba en condiciones de afrontar las audiencias.

Las dilaciones continuaron. Y las prácticas ilegales de Blaquier se siguieron descubriendo, aunque sin ser juzgado ni cuestionado como correspondía. 

Tras conocerse su muerte, H.I.J.O.S señaló “Cuando un genocida o partícipe civil no es juzgado, la impunidad es política y/o judicial. Carlos Pedro Tadeo Blaquier fue beneficiado por la impunidad desde su participación en el terrorismo de Estado a esta parte. Pero acá nadie se olvida. Acá nadie perdona”.

Cliente de una organización que explotaba sexualmente a jóvenes

En 2022, el juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano llevaron adelante una investigación en la que se lo vinculó como cliente de una secta de Villa Crespo. Según se informó, se trataba de una organización explotaba sexualmente a mujeres jóvenes.

Según distintos documentos, escrituras y testimonios, Carlos Blaquier fue uno de los clientes de la secta  Escuela Yoga Buenos Aires (EYBA), que tenía a mujeres jóvenes en situación de servidumbre y explotación sexual.

EYBA reclutaba a distintos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero. Esta práctica la llamaban “geishado VIP”. Según difundió Página 12, esos encuentros tenían lugar en distintos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires.

 “Entre las ‘personas de poder’ tuvo la oportunidad de conocer al director o presidente de la compañía ‘Azúcar Ledesma’, un hombre mayor que concurría asiduamente, a quien luego conoció como Carlos Pedro Blaquier”, dice el testimonio extractado de un testigo.

La investigación realizada por la Protex comenzó a raíz de la denuncia que recibió por una persona que resultó ser víctima de la organización. El fiscal y la titular de la procraduría sostuvieron que “de la denuncia surge que, al menos desde el año 2004, EYBA sometió a los ‘alumnos’ a la servidumbre y otras prácticas bajo las órdenes emanadas por sus líderes.

La organización contaba con una estructura jerárquica y piramidal, formada por aproximadamente 179 alumnos. “Se les exigía un pago mensual mínimo de 200 dólares como aporte para la organización”. Sin embargo, podía “llegar hasta la suma de 10.000 dólares, según el alumno”.

Las detenciones fueron en septiembre. En noviembre la Cámara Federal porteña procesó a los cabecillas de EYBA, pero ordenó que sigan la investigación en libertad.

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