A un mes de su femicidio, las compañeras de María apuntan contra el poder judicial
En julio de 2021 Gabriel Alejandro Núñez, su marido, intentó ahorcarla. Desde entonces, María denunció y pidió ayuda en todos los organismos competentes para preservar su integridad y la de sus hijos. Hasta el día anterior a su femicidio, a María la Fiscalía de Cañuelas le dio la espalda.
Organizaciones y familiares de María Isabel Speratti Aquino, asesinada hace un mes, exigieron esta mañana justicia ante los Tribunales porteños y responsabilizaron a diferentes estamentos del Estado, que por falta de acciones terminan favoreciendo a los femicidas.
Un mes atrás, el 14 de marzo, María fue asesinada de tres tiros por su ex marido, Gabriel Alejandro Núñez, cuando salía de su casa para llevar a sus hijos a la escuela, en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. La víctima ya había denunciado hechos de violencia de género y hasta un intento de femicidio frente a la Fiscalía Nro. 1 de Cañuelas, al Juzgado de Paz, al Juzgado de Garantías Nro. 8 y a la policía. Nada fue suficiente.
La mujer asesinada frente a sus dos hijos llegó a anticipar lo que sucedería en audios de WhatsApp con sus compañeras del grupo de autoayuda para mujeres en situación de violencia de género, ya que frente a la desidia estatal, las mismas victimas se organizaron para contenerse y acompañarse entre sí.
Tras la muerte de María, sus compañeras movilizaron a Tribunales, no solo para que se condene al femicida, sino también para que sancione a los funcionarios del Poder Judicial que cajonearon la causa y una reparación económica del estado para la familia de la mujer, ya que ésta por ley se brinda una vez que se condena al agresor lo que podría suceder en años.
María proyectaba mudarse lejos para estar tranquila con sus hijos
“María siempre nos mostraba la luz, hasta en los momentos donde todo parecía perdido. Siempre nos mostraba, hablando con calma mientras tejía, la parte linda de todo. Así ella daba frente a todas las batallas, con esperanza, incluso la de disfrutar la vida con sus hijos en este contexto, proyectaba poder irse a un lugar donde estuvieran tranquilo, siempre con el valor de vivir bien”, relata Denise Alcoba, integrante del grupo.
“La lucha que tuvo María siempre tuvo como norte proteger a sus hijos y a ella misma, es una lucha en común que tenemos las madres judicializadas por motivos de violencia por parte del progenitor de nuestrxs hijxs, porque vamos a buscar protección al poder judicial y nos encontramos con el mayor cómplice del agresor”, agrega.
“Vamos a buscar protección al poder judicial y nos encontramos con el mayor cómplice del agresor”
Para Denise si la víctima hubiese sido otra compañera María estaría haciéndose de la lucha de otra algo propio, aún con todo el peso que cargaba.
“Yo no podía contener la angustia haciendo el video con sus audios pero lo hice igual y lo más rápido que pude. Sobre todo, porque María quería ser escuchada y no me hubiera dejado caer en algo así, ella hubiera hecho lo mismo, no dejaba a ninguna compañera sin una palabra de aliento. La imagino diciéndome que esto sigue, y que ni así se van a librar de la fuerza que tenía. Elijo creer que está en cada una de nosotras”, sostiene.
El mayor agresor el es poder judicial
Denise, y al igual que miles de mujeres que atraviesan situaciones de violencia y no saben a dónde acudir, remarca que “el mayor agresor es el poder judicial”.
“Con su complicidad nos pueden gatillar muy fácil, estamos todas en el blanco del próximo femicidio, sobre todo, siendo madres”, enfatiza.
“El ninguneo del que María hablaba, se vive desde la primer denuncia, inclusive desde la primera vez que llamamos a la policía, las respuestas que nos dan en cada organismos es la del desamparo absoluto. Los audios que se escuchan de María describe la situación de cualquiera de nosotras”, agrega.
Según Denise, además que no contar con protección, lo más desesperante es que desde el poder judicial invisibilicen la violencia del progenitor y expongan a sus hijxs al peligro que advierten. “Todos los derechos que tuviera cualquier padre, exactamente los mismos le dan a quienes nos violentaron y a sus familiares. Así proceden con vinculaciones forzadas, les dan todos nuestros datos y ellos son los que salen empoderados del poder judicial con la impunidad de poder hasta decidir cuando termina nuestra vida”, explica.
“Mientras el poder judicial decida no cumplir con las leyes de protección nuestras y de nuestrxs hijxs, la tortura de las madres e hijes va a seguir y mientras el Estado siga sin garantizar nuestros derechos, tendremos que seguir al frente para proteger la vida”, concluye.
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El rol de la sociedad es clave para un verdadero avance
Para Denise el rol de la sociedad es fundamental. “Si nos quitaran el peso de encima de los estereotipos, ya sería trascendental. Los juzgamientos que recibimos por ser mujeres madres, son los mismos que, teniendo poder, nos condenan por separarnos del progenitor de nuestros hijos, por denunciar violencia, por proteger o por priorizar integridad física y psíquica de nuestrxs hijos, etc. El costo que pagamos por derechos humanos básicos es altísimo y empieza en la sociedad, cualquier vecino, en la escuela, en el agente de ANSES, en los empleadores de violentos o en el amigo del secundario que sigue haciendo asado con violentos invitados pero no pasa nada porque le llevan el vino”, relata.
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