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Amnistía alerta por dos dictámenes contra la ley del aborto

Se trata de un pronunciamiento firmado por varias organizaciones para obtener "la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas 'personas por nacer´", ante el Poder Judicial.

Un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron sobre la gravedad de dos dictámenes de la Procuración General de la Nación. Allí se reconoce la legitimación a un grupo de ciudadanos y a una asociación civil para actuar en representación de los derechos del “colectivo de personas por nacer”. Además, destacaron que la Corte Suprema de Justicia tiene la “oportunidad de frenar el litigio infundado” contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

Se trata de un pronunciamiento firmado por las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Fundación Mujeres x Mujeres. Por su parte, los dos dictámenes llevan la firma de Laura Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación en relación a la IVE.

En él sostuvieron que la procuradora fiscal “reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas ‘personas por nacer’ ante el Poder Judicial”. Es una interpretación que, según señalaron las organizaciones, no tiene respaldo en la jurisprudencia.

“Ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las ‘personas por nacer’”, advirtieron las ONGs a través de un comunicado de prensa conjunto.

Monti emitió esos dictámenes en dos causas. La primera la lidera Cristina Fiore Viñuales. La segunda, la organización Portal de Belén. Ambas se iniciaron para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“En ambos casos, si bien afirma seguirla, Monti se aparta de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre representación colectiva. También en las dos causas, las partes peticionantes buscan convertir en un ‘caso’ (para discutirse en los tribunales de justicia) lo que en verdad es una disconformidad general con la ley”, detallaron las organizaciones en el comunicado conjunto.

Además, la procuradora fiscal basó su decisión en el artículo 1 de la Ley 26.061 de Protección Integral a la Niñez para sostener la legitimación. De esta manera, según las ONG, desnaturalizó el sentido de la ley e ingenió una suerte de “acción popular” que permitiría que cualquier ciudadano accione por fuera de un caso concreto. No solo eso, sino que además, equiparó a las “personas por nacer” con niños, niñas y adolescentes.

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